Otra vez el toque de queda. Otra vez la misma escena: el Gobierno de Ecuador anuncia, con varios días de antelación, restricciones, militares en las calles y una narrativa de control que, en los hechos, no logra sostenerse.
El presidente Daniel Noboa vuelve a recurrir a su “vieja confiable”, una medida que ya conocemos bien, como si el problema de la violencia en Ecuador fuera, simplemente, que la gente sale de noche.
Para tener una idea, desde que se instaló la noción de “conflicto armado interno”, el país ha vivido bajo un sinnúmero de estados de excepción y toques de queda. La medida se repite con una frecuencia que ya debería encender alarmas. No porque sea contundente, sino porque evidencia que no está resolviendo el problema. Si funcionara, no habría necesidad de insistir una y otra vez.
Las estructuras de crimen organizado en Ecuador no operan con horarios. No necesitan permiso para circular ni dependen de un “toque de queda” para funcionar.
Tienen estructuras complejas, redes de corrupción, control territorial y economías ilegales que no se desactivan porque un decreto diga que hay que dormir temprano. Pensar lo contrario es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, un distractor.
Además, si una medida se anuncia con tanto tiempo de anticipación, surge una duda inevitable: ¿qué tan efectiva puede ser?
Mientras tanto, el costo sí es real. Cada toque de queda implica restricciones a la movilidad, afectaciones económicas —especialmente para quienes viven del trabajo nocturno— y una normalización progresiva de la suspensión de derechos. Porque no se trata solo de no salir: se trata de aceptar que el Estado puede limitar libertades fundamentales sin ofrecer resultados proporcionales.
Y ese es el punto de quiebre. La seguridad no puede ser una promesa abstracta que justifique cualquier medida. Si se restringen derechos de forma excepcional, debería ser porque existe evidencia clara de que esas restricciones reducen de manera sostenida la violencia. Pero Ecuador sigue registrando niveles históricos de homicidios y una expansión sin precedentes del crimen organizado, por lo que la realidad no acompaña al discurso.
Entonces, Ecuador no necesita más noches vacías. Necesita políticas de seguridad estructurales que vayan más allá del control momentáneo: inteligencia real, depuración institucional, combate a las economías ilegales y recuperación del territorio.
Mientras no existan estos cambios de fondo, el toque de queda se convierte en una medida más, cargada de ineficacia y que, hasta el momento, no arroja resultados concretos.
