El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre serios indicios de posible fraude electoral y pidió que el Estado asuma el control del software de escrutinio.
El mandatario colombiano aseguró que existen señales preocupantes sobre la integridad del proceso electoral de cara a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026 y cuestionó que el software y la gestión de los datos de escrutinio sigan en manos de operadores privados.
El mandatario destacó que el sistema electoral debe estar bajo control directo del Estado colombiano, particularmente en lo relacionado con el procesamiento digital de resultados, para garantizar transparencia, soberanía tecnológica y legitimidad democrática.
Petro señaló directamente a la compañía Thomas Gregg & Sons, empresa históricamente vinculada a la logística electoral en el país, afirmando que no debería tener acceso al soporte del software de escrutinio. Según explicó, existen intereses alrededor de la firma que ameritan una revisión estructural del modelo de contratación electoral.
El jefe de Estado colombiano recordó que entre 2014 y 2018 se habrían presentado irregularidades en los escrutinios legislativos que derivaron en la asignación indebida de votos a congresistas.
Indicó que una sentencia judicial posterior reconoció anomalías, pero fue emitida cuando el periodo legislativo ya había concluido, lo que impidió revertir sus efectos políticos.
En otra parte de sus declaraciones, afirmó que en las elecciones de 2022 el Pacto Histórico coalición que lo llevó a la Presidencia habría sufrido la afectación de cerca de 400 000 votos que, según sostuvo, pudieron ser recuperados gracias a la labor de testigos electorales.
El presidente Petro anunció que entregará las pruebas presentadas en su intervención a las autoridades competentes e incluso a instancias internacionales, con el objetivo de que se investiguen los antecedentes señalados y se adopten correctivos estructurales.
Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral.
La Defensoría del Pueblo presentó su informe de seguimiento electoral 2025-2026, en el que advierte que la respuesta estatal frente a los riesgos es de cumplimiento parcial.
El organismo identificó 69 municipios con nivel crítico de riesgo para el desarrollo de los comicios, cifra que aumentó respecto a ediciones anteriores. Además, se incrementó el número de territorios que requieren intervención urgente o prioritaria.
