La historia de la CIA contra Cuba contempla una larga lista de sabotajes, asesinatos, y todo tipo de acciones para tratar de derribar la revolución, a su Líder Fidel Castro y acabar con el ejemplo de dignidad del pueblo, en este artículo el autor relata muchos de esos acontecimientos.
En 1980 ganó las elecciones en Estados Unidos el republicano Ronald Reagan, un actor mediocre devenido presidente. Con escasa cultura y sin estudios universitarios, a sus 69 años ofreció una visión desprovista de complejidad que lo conectó con amplios sectores de la población anglosajona de clase media baja. Todo lo que se necesitaba saber era que Estados Unidos estaba enfrascado en una contienda global contra el comunismo y la estaban perdiendo “…simplemente porque no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que estamos en ella (…) solo puede haber un fin en la guerra que estamos metidos (…) la guerra termina en victoria o derrota”, manifestó en un discurso de campaña (Dugger, 1983: 351).
Reagan pidió en medio de la contienda un diseño de política exterior. Su asesor para esos temas, Richard Allen, un politólogo del staff del Consejo de Seguridad Nacional en la Administración Nixon, reunió en Santa Fe, Nuevo México, a un equipo de trabajo a cuyo frente nombró a Roger W. Fontaine. Lo titularon: “Las relaciones interamericanas; escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección global de Estados Unidos” ―o Documento de Santa Fe I.
Con la Doctrina Monroe y la ideología neoliberal como piedras angulares, proyectaron el uso de los instrumentos militares como garantes de la política exterior de Estados Unidos. “El continente americano se encuentra bajo ataque”, declararon, y todo el argumento estuvo dirigido a responsabilizar a Cuba como herramienta de la URSS para intervenir en América Latina y el Caribe. Llamaron a reactivar la asistencia a las dictaduras castrenses del Cono Sur; a colocar el Canal de Panamá bajo protección de la Junta Interamericana de Defensa; a derrocar al Gobierno del Frente Sandinista y a las guerrillas de Guatemala y El Salvador; a combatir la Teología de la Liberación y a priorizar la “batalla por la mente” de la élite intelectual latinoamericana mediante premios y becas (Documento Santa Fe I, 1980: 2-4).
Santa Fe I no fue el resultado de un ejercicio teórico, como se pretendió hacer creer. Era esa la concepción de Reagan y sus redactores solo se encargaron de codificar su pensamiento político al lenguaje académico, para sentar doctrina.
Un axioma en Estados Unidos plantea que los inicios de un Gobierno son la mejor hora para enviar señales: un mes antes de tomar posesión, Reagan nombró a Allen como asesor de Seguridad Nacional; y a Fontaine como asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés). Como secretario de Estado la elección fue más explícita: Alexander Haig, un general de cuatro estrellas que combatió en Corea y Vietnam; trabajó como asesor adjunto de Seguridad Nacional y jefe de Gabinete de Nixon; como enlace del NSC con la Brigada 2506 (mercenarios de Bahía de Cochino) y asesor Robert Kennedy en la Crisis de Octubre; comandante supremo de la OTAN entre 1974 y 1979.
El 20 de enero de 1981 Reagan acudió a la toma de posesión (como quien dice) vestido de ranger y con el cuchillo en la boca para desafiar a la URSS… Con Cuba, en cambio, fue cauteloso. Fue Haig quien desencadenó un auténtico clima de crisis al acusar al Gobierno soviético de auxiliar a la guerrilla salvadoreña a través de Cuba y el 27 de febrero profirió una amenaza de intervención directa. Sus planes hallaron resistencia. A principio de junio de 1981 presentó una propuesta de plan de contingencia al NSC para poner “límite” a Cuba con medidas enfocadas en arreciar el bloqueo y acciones militares; otra en noviembre contenía la misma tónica.
Haig no cejó y ese propio mes de noviembre decidió transitar un terreno espinoso: amenazar directamente a Cuba. Pidió al presidente mexicano José López Portillo concertar un encuentro secreto con un dirigente del Gobierno de la Isla. Cuba nunca se ha negado al diálogo y Fidel envió al vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, uno de los más importantes ideólogos de la Revolución, comunista curtido en la lucha desde el machadato. No era la primera vez que se reunía con un alto funcionario estadounidense; pero Haig era otra cosa, el propio López Portillo tildó sus declaraciones respecto a Cuba de “terrorismo verbal”.
Haig dejó claro que no lanzaba palabras al vacío con la amenaza de invasión si Cuba no retiraba a los maestros que prestaban colaboración en Nicaragua —los tildó de “asesores militares”. Como es de imaginar, el Gobierno Revolucionario no iba a renunciar a un principio que rige nuestras luchas desde el siglo XIX: el internacionalismo. Gracias a la colaboración de las maestras y maestros cubanos, en menos de un año fueron alfabetizados 406 mil 56 nicaragüenses y el índice de analfabetismo se redujo de 50,35 por ciento a 12,96 por ciento.
La Revolución Sandinista debió pagar un precio elevado por brindar a su pueblo el derecho al conocimiento. Entre 1979-1984 la Contra organizada y financiada por la CIA por mandato de la Administración Reagan, destruyó 14 escuelas, asesinó a 113 maestros —entre ellos, cuatro cubanos— y secuestró a otros 187.
El 29 de enero de 1982 Haig presentó al NSC otro plan de contingencia contra Cuba y Nicaragua. Esta vez creyó tener suerte, pues Reagan lo aprobó y emitió la Directiva 21 de Seguridad Nacional; en esencia: cerrarían la Sección de Intereses en La Habana y expulsarían a los diplomáticos cubanos en Washington; colocarían en una lista negra a los barcos que tocaran puertos de la Isla; y establecerían un bloqueo naval con acciones militares de envergadura para neutralizar la capacidad ofensiva de Cuba y Nicaragua. El Secretario de Defensa advirtió que podría repetirse otro Vietnam y los jefes de la Junta de Estados Mayor Conjuntos opinaron que la URSS podía responder con acciones de represalia en otro punto del orbe. Todo apunta que Reagan lo pensó mejor y engavetó la directiva.
Lejos de lo considerado en el NSC, mientras la élite transnacional cerraba filas con Reagan, la dirigencia soviética se distanciaba de sus aliados y mostraba cada vez menos preocupación por los países en desarrollo. El 29 de diciembre de 1982 Yuri V. Andropov le dijo a Raúl Castro en una reunión en Moscú, que en caso de agresión yanqui Cuba tendría que defenderse sola: “…ustedes están a 11 mil kilómetros de nosotros. ¿Vamos a ir allá para que nos partan la cara?” (Leonov, 2015: 200-202).
Fidel reaccionó con un cambio estratégico en la doctrina de defensa: pasar a la “guerra de todo el pueblo” ensayada con éxito en Vietnam.
Mientras Cuba se preparaba para combatir la intervención militar, la CIA desplegaba un programa de guerra económica, terrorismo de Estado y acciones para potenciar la oposición interna. En ese esquema nació en 1981 la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que con apoyo de Langley y la propia Casa Blanca asumió protagonismo en el diseño e implementación de la guerra sucia contra la Isla. Su respaldo por parte de la administración fue de tal magnitud, que abrió el camino del Congreso a descendientes de la burguesía y las familias batistianas. Fue la FNCA quien promovió incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo y ejerció presión para cerrar la Sección de Intereses en La Habana, acción que no prosperó porque traía consigo la retirada de la estación local de la CIA.
Con la creación en 1983 de la National Endowmen for Democracy (NED), los programas de subversión política y aseguramiento financiero a los procesos de cambio de régimen pasaron a su jurisdicción. Su carácter público le permitió sortear el estigma de la CIA, que en materia de influencia se centró en el reclutamiento selectivo de líderes y personalidades extranjeras. Solo en los primeros diez años la NED distribuyó más de doscientos millones de dólares en Latinoamérica —una parte, proporcionada desde Langley sin supervisión del Congreso.
Este cambio conceptual confirió mayor protagonismo a la Usaid, que junto a la NED se encargó en lo adelante de cubrir las operaciones de influencia. Los beneficiarios de los fondos yanquis ya no necesitarían de disfraz…
Una Revolución solo puede sobrevivir si es capaz de defenderse, máxime cuando la providencia le depara como vecino a un imperio que codicia su nación para sí. Puede que la CIA haya llegado a pensar que Cuba estaba plagada de traidores y tenía al toro agarrado por los cuernos desde la apertura de la Sección de Intereses en La Habana. El globo de desinfló en 1987: el 6 de junio un oficial de la Inteligencia cubana que estaba en Praga, cruzó la frontera y se presentó como desertor en la embajada de Estados Unidos en Viena.
Un vocero del Departamento de Estado informó poco después su acogida en Washington. El traidor prometió revelar todo el esfuerzo cubano para preservar la seguridad de su Estado frente a la guerra implacable desatada por todas las administraciones yanquis desde 1959. Obviamente alardeaba…
Una operación mediática manejada por los especialistas en desinformación se trazó el propósito de verter sobre Cuba los estigmas de la CIA y los grandes medios de la prensa de Estados Unidos se prestaron para imponer la matriz de opinión.
Poco les duró la fiesta, Fidel fue un púgil inderrotable a la riposta y el 7 de julio Cuba publicó las pruebas acumuladas de las operaciones de espionaje y subversión contra Cuba entre 1980 y 1987. Se revelaron 27 casos de revolucionarios reclutados por oficiales de la CIA con manto diplomático, que recibieron equipos de comunicación Agente-Centro Principal —o sea, con Langley. Entre sus requerimientos informativos no hubo uno solo acerca de si Cuba proyectaba un plan que amenazara la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las preguntas eran otras, dirigidas a crear condiciones para asesinar a Fidel y afectar la economía cubana, con la introducción de plagas que devastaran el tabaco y los cítricos: recopilaron muestras para estudiar en los laboratorios de la CIA cuáles de los microorganismos naturales —en dependencia del tipo de pesticidas que se estaban empleando en Cuba— serían los idóneos para reactivar su virulencia y reintroducirlos. Quedó al descubierto la grosera injerencia yanqui y los peligros que entrañaban operaciones en las que participaron 89 oficiales que trabajaron en la Sección de Intereses o la utilizaron como cobertura para el espionaje.
La caída del Muro de Berlín en 1989 y descomposición del clima político en la URSS que desembocó en su desintegración, les abrió nuevas esperanzas; sobre todo cuando un estimado de Inteligencia fechado el 10 de septiembre de 1991 —dos meses y medio antes de la intervención televisiva de Gorbachov que puso fin a la República de repúblicas— pronosticó que tras el colapso soviético caería el “comunismo cubano”. Sin guerra en África, sin movimientos guerrilleros a los que apoyar y sin socialismo europeo, se habían deshojado las excusas y el nuevo pretexto esgrimido para brindar sustento moral a la política anticubana fue la necesidad de asegurar una “transición democrática”. ¿Cómo lo harían?
El 23 de octubre de 1992 —a dos semanas de las presidenciales y en una clara jugada electoral para atraer el voto de la Florida— George H. W. Bush refrendó la Ley Torricelli, que impidió continuar el comercio con Cuba a las subsidiarias estadounidenses en terceros países —700 millones de dólares en alimentos y medicinas— y prohibió la entrada por 180 días a barcos que pasaran por la Isla con fines comerciales. Nació el “riesgo Cuba”, entonces con recargos de hasta el 22 por ciento sobre las tasas de interés y los precios del mercado mundial.
Cuatro años después estaban tan sorprendidos con la reacción de un pueblo que no cayó como un juego de naipes —según vaticinaron—, que el 1º de marzo de 1996 el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton y William Clinton la refrendó el 13. Más allá de su carácter extraterritorial, esta ley federal confiere a Estados Unidos la facultad de decidir el ordenamiento político en Cuba y a su presidente la tarea de certificar si existe o no un Gobierno “democrático” en la Isla. Un detalle: una vez depuesto el Gobierno Revolucionario, designarían a un procónsul para conducir la pulverización de toda la institucionalidad refrendada por el pueblo cubano en su Carta Magna; y garantizar la devolución a los ciudadanos estadounidenses de las propiedades nacionalizadas a partir del 1º de enero de 1959.
Solo entonces el procónsul podría certificar el cumplimiento de las exigencias yanquis y el Congreso federal se reserva el derecho de derogar o no todo el entramado que se articuló por décadas para asfixiar a la Revolución.
Muy afanosos han estado desde entonces en Langley con vistas a proporcionar la información que permita rastrear la más mínima operación comercial y financiera de Cuba en cualquier rincón del planeta; mas no se circunscribieron a ello y continuaron las operaciones encubiertas —incluidos nuevos planes para asesinar a Fidel—, unas veces directamente; otras, mediante el engendro creado para no tener necesidad de recurrir al manido principio de la “negación plausible”: la FNCA, que en 1992 constituyó su brazo paramilitar con veteranos de la base JM/Wave.
En 1996 la FNCA destinó fondos para crear una red terrorista para colocar bombas en los hoteles de Cuba. Se encargaría de reclutar a los sicarios en Guatemala y El Salvador: Luis Posada Carriles, exagente de la CIA y autor junto a Orlando Boch del sabotaje a un avión de la línea aérea civil cubana el 6 de octubre de 1976, que resultó en la muerte de 73 hombres, mujeres y niños.
Entre el 12 de abril y el 4 de septiembre de 1997 estallaron bombas en varios hoteles e instalaciones asociadas al turismo en Cuba. En total la red preparó 14 artefactos explosivos: ocho explotaron, cuatro fueron desactivados y dos fueron ocupados en el momento de introducirlos por el aeropuerto. La mayoría de los ejecutores fueron detenidos ese propio año. Faltó uno y fue arrestado el 10 de junio de 1998, fecha en que regresó a La Habana con el encargo de demoler la Plaza de la Revolución y el Memorial Ernesto Che Guevara en Santa Clara.
Varias personas resultaron heridas y hubo una víctima mortal como resultado de la bomba que estalló el 4 de septiembre en el hotel Copacabana: Fabio Di Celmo, un italiano de 32 años. Ese día explotaron tres bombas con intervalos menores a 30 minutos en tres instalaciones ubicadas en Miramar, un barrio residencial en el que se concentran la mayor parte de las sedes diplomáticas extranjeras. A la mañana siguiente un vocero del Departamento de Estado rechazó el uso de la violencia como expresión de oposición política y aseguró que Estados Unidos no tenía información de quiénes podrían ser los responsables de las explosiones.
No era difícil buscarla, solo tenían que preguntar a la CIA o el FBI. Tampoco era necesario hurgar tanto, porque en el colmo de la impunidad esta progenie de matones aceptó su responsabilidad en numerosos atentados con bomba ejecutados en Cuba, Miami, Nueva York, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, México y Argentina, entre tantos sitios. El propio Posada confesó en julio de 1998 a The New York Times protagonismo en los hechos de 1997 en La Habana y Varadero. Cuando le preguntaron si no sentía remordimientos por la muerte de Di Celmo, respondió: “…ese italiano estaba sentado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tengo la conciencia tranquila, duermo como un bebé” (Méndez, 2017: 8).
Posada y Boch se pasearon impunes por Miami hasta el día de su muerte. En contra del parecer del Departamento de Justicia y del fiscal actuante en el expediente de admisión a Estados Unidos, Boch fue indultado en 1989 por el presidente George H. W. Bush, director de la CIA en el instante del crimen de Barbados.
No hay manera de que la CIA pueda alegar el principio de la “negación plausible” respecto a Cuba. Documentos desclasificados en la última década muestran —pese a las tachaduras— que en Langley siempre estuvieron al tanto de las actividades de los terroristas de Miami; de hecho, varios asesoraron por encargo de la CIA a los servicios secretos sudamericanos en la Operación Cóndor. El propio Bush recomendó en 1976 al coronel Manuel Contreras, jefe de la Inteligencia pinochetista, que estudiara la experiencia aportada por Posada a la Disip en Venezuela.
Cuando el 31 de mayo de 1999 se presentó la “Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos”, se registraban tres mil 498 cubanos fallecidos y dos mil 99 incapacitados como consecuencias de las operaciones orquestadas por la CIA o por los terroristas que controlan el enclave de Miami amparados en su silencio cómplice, que para el caso es lo mismo.
Bibliografía:
Bouchey, L. Francis, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordom Sumner y Lewis Tambs: “Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos”, en Cuadernos semestrales. Estados Unidos. Perspectiva latinoamericana (México), número 9, enero-junio, 1981.
Dugger, Ronnie (1983): On Reagan: The Man and His Presidency. New York: McGrau-Hill Book Comapany.
Haig, Jr., Alexander M y Carlos Rafael Rodríguez: “Transcripción de la conversación entre el vicepresidente del consejo de Estado de la República de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, y el secretario de Estado estadounidense Alexander Haig”, México, D.F., 23 de noviembre de 1981. Fuente: TsKhSD, f. 5, op. 84, d. 584, ll. 1-27; (traducción Bruce McDonald); Proyecto Carter-Brezhnev, Archivo de Seguridad Nacional.
Leonov, Nicolai S. (2015): Raúl Castro: un hombre en revolución, La Habana, Editorial Capitán San Luis.
Méndez Méndez, José Luis: “A 20 años de una escalada terrorista”, Granma (La Habana), lunes 4 de septiembre de 2017, No. 210 • Año 53, Edición Única.
