En el corazón árido de La Guajira colombiana, donde el viento sopla historias de resistencia y la tierra guarda memorias ancestrales, se libra una batalla silenciosa pero determinante para el futuro de la nación Wayuu.
El proyecto de decreto para convertir la Alta Guajira en una Entidad Territorial Indígena de la Zona Norte Extrema (ETI-ZNE), arropado con el discurso de desarrollo y autonomía, esconde una madeja de intereses políticos, económicos y neocoloniales que amenazan con fracturar no solo un territorio, sino una cosmovisión milenaria.
El decreto está listo y las voces a favor secuestraron el debate antes de que éste se diera. Otras muchas voces y liderazgos, no tomados en cuenta, siguen enarbolando la bandera de la unidad territorial del pueblo wayuu, que nada tiene que ver con el parapeto burocrático que nos intentan vender como “progreso”.
La Alta Guajira acumula décadas de despojos, atropellos, imposiciones coloniales y abandono estatal. Hoy está en la mira de este decreto que busca facilitar la entrada de megaproyectos eólicos y de hidrógeno verde en los territorios de los corregimientos Nazareht, Taroa, Puerto estrella, Punta Espada, Castilletes, Puerto López, Siapana, Guaretpá y Tawaira.
Y ya esto representa un primer problema. Como sucedió con otros proyectos como el ferrocarril del Cerrejón, con esta propuesta “los resguardos de la Media y Alta Guajira sufrirán una especie de segregación territorial”, como bien apunta un editorial de Diario del Norte del 2 de mayo pasado.
Aparentemente se cae la propuesta de crear un nuevo municipio segregado de Uribia y se implementa un régimen transitorio con normas fiscales y administrativas especiales según la ley de ordenamiento territorial que, dicho sea de paso, no cuenta con normas ni reglamentación que le permitan facilitar tal tránsito ni se ha implementado en ningún territorio indígena en ningún momento.
Detrás de la iniciativa, impulsada por figuras como el senador Alfredo Deluque, un sector de la dirigencia wayuu, y respaldada por el gobierno Petro, se tejen preguntas incómodas: ¿Es este un esfuerzo genuino por mejorar la calidad de vida de las comunidades, o una estrategia para allanar el camino al extractivismo del siglo XXI?
Hoy se cuestiona la viabilidad fiscal, ética política y cultural de dividir Uribia porque, una vez más, se pretende decidir sobre los territorios indígenas sin su consentimiento, además porque la configuración de un ordenamiento jurídico basado en las normas de “occidente” chocan directamente con los modos de vida y organización wayuu, quienes cuentan con sistema político, social, cultural y de organización propios.
En juego está la autonomía de un pueblo que ha defendido su tierra frente a la codicia del imperio español, de la república, de la colombianización y de intensas y alienantes campañas de evangelización; pueblo cuyo tejido social se ha visto violentado y vulnerado sistemáticamente por la actividad minera, por la invasión de la cultura alijuna, por la normatividad excluyente de la institucionalidad colombiana, y que ahora enfrenta un nuevo monstruo disfrazado de “desarrollo verde” que bien podría replicar viejas dinámicas de exclusión.
Intereses
En enero, el senador Alfredo Deluque presentó ante la Asamblea Departamental de La Guajira la propuesta de convertir la Alta Guajira en un nuevo municipio, con la finalidad de garantizar “mayor autonomía administrativa y acceso directo a recursos estatales. Mejor atención a las necesidades básicas (agua, educación, salud) de la población” mayoritariamente indígena wayuu. Busca, además, fortalecer la presencia del Estado en una zona históricamente marginada.
No se alcanza a magnificar ni entender el impacto y las repercusiones de la propuesta, bien sea como nuevo municipio o como régimen transitorio, la prioridad en la narrativa la tienen los políticos y columnistas que defienden la propuesta de Deluque.
La creación de un nuevo municipio implica el aumento de estructuras administrativas, es decir, alcaldía, concejo y entidades de control, lo que terminará multiplicando los cargos públicos y procesos burocráticos, en un territorio que prácticamente no produce más que para la subsistencia, basado en una economía comunitaria de intercambio. ¿De dónde saldrán los recursos para mantener el nuevo aparato burocrático?
Esto facilitaría el clientelismo y la malversación de fondos por parte de un pequeño grupo en un departamento con graves antecedentes de corrupción y de impunidad. También incidirá en el aumento del poder burocrático de un reducido sector que por décadas se ha beneficiado del Estado en detrimento de su propio pueblo.
Como bien advierte el columnista Luis Alfonso Colmenares, la iniciativa parece más bien una estrategia política que una solución real a los problemas que enfrentan las comunidades en este territorio: “Es un claro ejemplo de oportunismo político. No se puede ignorar que esta propuesta surge en un contexto electoral, bajo la estrategia del divide y reinarás, en una región históricamente marginada. Apela a un discurso populista que promete autonomía administrativa sin ofrecer soluciones reales”, precisó Colmenares en el artículo titulado Alta Guajira: una propuesta inviable y oportunista.
Pieza publicitaria de Alfredo Deluque, antiguo representante de la cámara por La Guajira
Para el investigador social y coordinador de la Mesa Minero Energética y Ambiental por la Paz, Jesús Rafael Gamarra Luna, “extrañamente coinciden en la iniciativa el clan político encabezado por Alfredo Deluque y alguna dirigencia wayuu. Y, por supuesto, al presidente Petro también le pareció un excelente propósito y hoy ya está el decreto”.
Lo problemático, aclara Gamarra Luna en entrevista para este trabajo, es que “no hubo consenso en el pueblo Wayuu para tomar tan determinante decisión; tampoco hubo una construcción pedagógica incluyente; fue una decisión tomada desde los altos liderazgos”.
Eduardo Castro, en una columna publicada en mayo en Diario del Norte, advirtió también que no hubo una consulta pública: “¿Dónde están los palabreros, los Eirrükü, los ancianos que entienden mejor que nadie qué significa territorio, cultura y dignidad? ¿Acaso autonomía significa levantar una estructura de papel y llenarla con funcionarios nombrados desde el centro del país?”.
Dividir a Uribia tiene más de intereses políticos y económicos de unos pocos que visión y estrategia para superar las serias limitaciones que enfrenta el pueblo Wayuu en la Alta Guajira.
Impactos y limitaciones
Con este proyecto se les dará prioridad a las lógicas estales por encima de la cosmovisión comunitaria, la fragmentación será uno de los objetivos de quienes impulsan públicamente esta propuesta, ya que con ello diluyen la fuerza política y cultural de los sectores y dirigencia que no respaldan la propuesta.
A pesar del peso político del senador Deluque y sus acólitos, los intereses económicos que esperan a la sombra son los que determinarán el destino de este proyecto.
Alterarían con ello el ya desquebrajado equilibrio de poder de La Guajira, enfrentando a Uribia (que perdería territorio) con el nuevo municipio en una especie de disputa por la renta de los viejos y nuevos proyectos extractivos.
“En el ambiente existe la sensación de que se ha creado una barrera infranqueable entre el pueblo Wayuu del norte extremo y los otros. Aquellos como lo legítimo; lo otro, en decadencia y sumido en la corrupción, como el camino equivocado”, explica el investigador y dirigente social Gamarra Luna.
Y este discurso simplista de lo legítimo frente a lo corrompido, tácito en quienes defienden la creación de una nueva entidad, no hace más que profundizar “la atomización que ha venido sufriendo el pueblo Wayuu, por injerencia en su gobierno propio. Esto tendrá un gran impacto, por supuesto negativo, en el proceso de transición energética que se desarrolla en La Guajira”, advierte Gamarra.
Para el coordinador de la Mesa Social Minero Energética, la transición energética en el territorio requiere una mirada colectiva, de consenso y la creación de un nuevo municipio lo que haría es “contribuir a parcelar, aún más, los desarrollos de la transición energética. Incluso, esto puede ahondar las desigualdades en los desarrollos de las comunidades y de los territorios”.
Asalta otra preocupación, y es la que expone el columnista Colmenares: “¿De qué viviría el nuevo ente territorial? ¿De las regalías y transferencias destinadas a los resguardos indígenas, pero que solo benefician a los gobernantes y al entorno de algunas autoridades tradicionales que viven como jeques árabes?”
“La falta de recursos propios lo condenaría a la inoperancia administrativa y a mantenerse en un foco de corrupción, como ocurre en otros municipios de La Guajira, algo que el senador Deluque conoce muy bien”, precisa Colmenares, quien también recuerda que la creación de los municipios de Albania, Manaure, Dibulla, La Jagua del Pilar, Urumita y El Molino no se tradujo en la mejora sustancial de la calidad de vida de su gente ni en el desarrollo de fuerzas productivas propias.
La ETI-ZNE “no tiene cómo sostenerse por sí misma”, recalca Castro, “es una casa sin cimientos. No recauda ni un peso, y dependerá del presupuesto nacional, o sea, de los impuestos de todos los colombianos. Eso no es autonomía, eso es dependencia con otro nombre”.
Entonces asalta la duda sobre la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira: ¿beneficiará a las comunidades o se trata de nueva forma de dominación?
Parque eólico Jeipirachi
Geopolítica
De la propuesta pueden derivar problemas geopolíticos que tensionarían las relaciones con Venezuela. No aclaran los límites y condicionantes del proyecto, ni toman en cuenta la importante y estratégica frontera compartida con Venezuela en todo el corredor norte guajiro.
Tampoco toman en cuenta el carácter de libre movilidad del pueblo wayuu, que se desplaza de un país a otro porque ancestralmente su territorio es uno solo: la Península de la Guajira, que abarca Venezuela y Colombia.
En este sentido, Gamarra Luna nos adelanta un panorama un poco más complejo: “En el territorio existen fuerzas que han buscado balcanizar la región, es decir, construir autonomías territoriales en función de intereses geopolíticos globales. Por ejemplo, líderes globales e imperialistas han querido separar al occidental estado Zulia de Venezuela, sumándole otras regiones peninsulares como la Guajira. Y estás pretensiones se ajustan a lo que ha venido exigiendo Trump a otros países: anexionarse Panamá, Canadá, el Golfo de México”.
Otra preocupación es que, en lo económico, la iniciativa no ofrece detalles de cómo impactaría la ya menguada economía tradicional wayuu. Todos los proyectos extractivos o ajenos a la cosmovisión wayuu entraron al territorio y erosionaron el tejido social de esta nación, desplazaron formas de economía propia, los condenaron las migajas que entrega el Estado o los obligaron a vivir en condiciones de vulnerabilidad crítica, incluso los desplazaron como sujetos activos para el intercambio comercial con otras regiones y el Caribe.
Un nuevo municipio o entidad que no tome en cuenta la consulta previa, que no parta del consenso, erosionaría aún más el tejido comunitario y la integridad territorial de la Nación Wayuu. Como alerta Castro: “La autonomía indígena no puede ser usada como una coartada para repartir burocracia, ni como una herencia de familia para quienes se creen dueños del desierto… la dignidad no se decreta: se construye con verdad, con respeto y con justicia”.
Paramilitarización
Otro asunto que pasa por alto es la intromisión “silenciosa” de organizaciones armadas de carácter paramilitar como las AGC, quienes cuentan además con los servicios de bandas del crimen organizado como el Tren de Aragua, toda vez que comenzarían a amenazar liderazgos y comunidades enteras para desarrollar sus planes militares y económicos, y, por ende, permitir los planes de desarrollo estatales o empresariales que se intenten imponer en la región.
Más que una probabilidad, hoy la presencia de las AGC o el Tren de Aragua en la Alta Guajira es un hecho. Como en otros territorios, líderes y comunidades guardan silencio para preservar la vida, sobre todo porque no confían en las autoridades ni en la fuerza pública, que muchas veces es acusada de mantener connivencia con estos actores.
Nadie niega hoy lo que significó la creación en 2002 del Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las AUC y su responsabilidad en la masacre de Bahía Portete, perpetrada el 18 de abril de 2004; crimen ejecutado en connivencia con el Ejército, motivo por el cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Nación indemnizar a la comunidad indígena, una sentencia que condena al Ministerio de la Defensa y el Ejército Nacional específicamente.
Un día después de la masacre de Bahía Portete, el 19 de abril de 2004, Álvaro Uribe Vélez inauguraba el primer parque eólico denominado Jepírachi, ubicado entre Cabo de la Vela y Puerto Bolívar; apenas una hora de distancia entre un punto y otro.
Aunque nunca se estableció una conexión entre un hecho y otro (entre la masacre de Bahía Portete y la inauguración del parque eólico Jepírachi), es totalmente pertinente pensar que el crecimiento de una nueva estructura paramilitar en el territorio afectaría la vida en el territorio, los liderazgos y la autonomía de las comunidades.
Como en el pasado, la impunidad sigue siendo una de las trabas más complejas que enfrentan las víctimas y el país entero. A pesar de la condena a la Nación por el caso de Bahía Portete, el Ministerio de Defensa apeló la decisión y hasta el sol de hoy no ha resarcido a las víctimas.
Indígenas wayuu protestan contra el proyecto eólico Guajira 1
Legalidad Cuestionable
Para que este proyecto de ley encuentre curso, debe cumplir con una serie de requisitos legales y constitucionales. Según la normativa colombiana, la división de un municipio y creación de uno nuevo requiere cumplir con:
- Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012, que exigen: población mínima, el área a segregar debe superar los 25,000 habitantes (aunque hay excepciones para zonas étnicas).
- Viabilidad económica: demostrar capacidad para financiar servicios básicos (salud, educación, agua) sin depender exclusivamente de transferencias nacionales. Por eso no se puede perder de vista quiénes estarían detrás de la propuesta en cuestión, porque desplegarían todo su lobby político para conseguir el objetivo.
Y, como explica Colmenares, la actividad económica propia de los Wayuu no se sería compatible con las exigencias tributarias que implica el manejo de un nuevo municipio.
- Infraestructura: contar con una cabecera municipal apta (vías, edificios públicos). En este punto vale aclarar que, aunque la familia Deluque y sus aliados en La Guajira son en su mayoría opositores al gobierno de Petro, tras bastidores son quienes operan los recursos destinados los últimos años para atender las demandas de esta región.
Este inciso es necesario porque este sector ha acompañado, al menos de manera tácita, cada propuesta económica y de infraestructura hecha por el Gobierno en la Alta Guajira: la creación del aeropuerto internacional, proyectos de modernización vial y de instalación de granjas solares, planes de transición energética y de hidrógeno verde.
- Consulta previa, libre e informada: obligatoria por el Convenio 169 de la OIT, dado que Uribia es territorio indígena. Las comunidades Wayuu deben aprobar la propuesta.
Sobre este punto se debe recordar que los actuales proyectos de energía eólica no han progresado porque la administración Duque priorizó los parques por encima de la ley y de los intereses del pueblo wayuu, ferió el territorio de manera ilícita; incluso, transnacionales aprovecharon la complacencia e ineptitud del Ministerio del Interior para sabotear, manosear o manipular distintos procesos de consulta previa.
Al respecto, queremos citar un artículo de la activista, periodista e investigadora Natalia Orduz Salinas, publicado en abril de 2020 en el portal de la fundación Heinrich-Böll-Stiftung, porque da luces sobre el no cumplimiento de la consulta previa en relación con los parques eólicos:
“El gobierno y las empresas entienden las consultas como un mero requisito formal y no como una vía efectiva para que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones que afectan sus derechos territoriales y culturales, entre otros derechos. Como consecuencia, se realizan consultas múltiples sobre actividades fragmentadas. Esta proliferación de consultas con pocos alcances es muy costosa para los pueblos indígenas. El líder arhuaco Cayetano Torres, de hecho, llamó a este fenómeno “consultitis” y lo describió como “otra pandemia social, procedimientos que usurpan los espacios y tiempos culturales”, en otras palabras, como otra forma de exterminio de los pueblos”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha dedicado varias investigaciones para estudiar los impactos de los parques eólicos en el territorio, y en específico, la manipulación de los procesos de consulta previa. Estas han sido sus conclusiones:
- Las comunidades no han sido informadas sobre la magnitud de cada uno de los proyectos ni del cambio que sufrirá el territorio que habitan. No alcanzan a visualizar la magnitud de un parque eólico y los impactos ambientales y de movilidad que provocarán.
- Las empresas, aprovechando la mediocridad y complacencia del Ministerio del Interior, han realizado las consultas previas de manera fragmentada para, de esta manera, aprobar los proyectos a costa de la unidad territorial.
- Los estudios de impacto ambiental han sido manipulados porque no cuentan con el apoyo y la participación de las comunidades.
- Tampoco se han tomado en cuenta las observaciones, propuestas y/o reclamos de las comunidades.
Esto lo saben muy bien los que promueven la creación de esta nueva entidad. Por lo tanto, apostarán por seguir dividiendo el territorio y la unidad de las autoridades wayuu, aprovechando la débil y corrompida arquitectura institucional del Estado.
Si no ha existido un consenso amplio entre las familias y comunidades wayuu en torno a los parques eólicos, menos existirá en un asunto tan delicado como la creación de un nuevo municipio, lo que aumentará las tensiones y las disputas entre clanes.
- Aprobación legislativa: votación favorable en la Asamblea Departamental de La Guajira y posible referendo popular en el área afectada. De antemano, los que defienden la propuesta de Deluque tienen una ventaja importante.
A pesar de las más de tres décadas de explotación minera y actividad extractiva en La Guajira, las condiciones de las comunidades wayuu, campesinas y afro empeoran todos los años. Pensar que la creación de un nuevo municipio puede impulsar el bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas de la zona norte de la Alta Guajira es ingenuo e incomprensible.
