Los gobiernos de Grecia, Italia y Francia han decidido, una vez más, abrir su espacio aéreo a Benjamín Netanyahu en su viaje hacia Estados Unidos, pese a que sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
No se trata de un detalle técnico ni de un simple trámite diplomático, es una declaración política clara y deliberada.
Estos tres países son miembros de la CPI. Han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Se llenan la boca hablando de “orden internacional basado en normas”, de derechos humanos y de justicia global. Sin embargo, cuando esas normas afectan a un aliado estratégico del proyecto sionista y a un socio clave de Washington, miran hacia otro lado. La ley internacional parece ser firme con los débiles y flexible con los poderosos.
La incoherencia es evidente. La Unión Europea presume de defender los valores democráticos, pero en la práctica actúa con una sumisión casi automática a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel. La decisión de permitir estos sobrevuelos no es neutral, es una señal de alineamiento político que socava la credibilidad de las instituciones internacionales que dicen respaldar.
El mensaje que se envía al mundo es contundente, el derecho internacional se invoca cuando conviene y se ignora cuando incomoda. Se exige rendición de cuentas a ciertos Estados, mientras se protege a otros bajo el paraguas de alianzas estratégicas. Esa doble vara de medir erosiona la legitimidad de la propia UE y refuerza la percepción de que el sistema internacional funciona en función del poder, no de la justicia.
Todo esto ocurre a la vista de todos. No hay ambigüedad ni margen para la ingenuidad. Los hechos hablan por sí solos, cuando llega la hora de elegir entre principios y alineamientos políticos, los gobiernos europeos han dejado claro qué pesa más la bochornosa sumisión al régimen del pueblo elegido.
