En la última semana de septiembre Washington habló dos veces sobre inteligencia artificial y las dos veces dijo lo mismo.
El 22, desde el estrado de la Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Trump rechazó “totalmente” cualquier esquema global de control sobre esa tecnología. El 29, en la Casa Blanca, firmó junto a los jefes de Google, Anthropic (Claude), Meta (Ig, FB), OpenAI (Chatgpt), xAI (Grok) y Nvidia un “Acuerdo sobre Superinteligencia” que deja en manos de esas mismas empresas la vigilancia de sus propios sistemas. Para estas corporaciones no habrá regulador global, y tampoco uno nacional que no sean ellas mismas. Con esa coherencia a la vista cuesta tomar en serio la promesa de autorregulación.
El documento, bautizado “White House Accord on Super Intelligence”, establece un compromiso voluntario por el cual cada empresa firmante montará controles internos sobre las capacidades peligrosas de sus modelos en ciberseguridad y en amenazas biológicas o químicas, creará un equipo propio que verifique esos controles, contratará un auditor externo y designará un comité de su directorio encargado de recibir los informes. En ningún tramo de la cadena aparece una autoridad pública con capacidad de sanción. El supervisor que la Casa Blanca promete nombrar será elegido, según anunció el propio Trump, después de consultar con la industria. El texto prevé además que las empresas firmantes se reúnan periódicamente para fijar estándares y mejores prácticas, de modo que las reglas, cuando existan, las escribirán ellas. También admite que con el tiempo podría tener sentido convertir esos pasos en ley, y mientras tanto los declara voluntarios.
Trump presentó el pacto como “casi una especie de Constitución” y lo calificó de “moralmente vinculante”, una fórmula que en lenguaje jurídico significa que no vincula a nadie. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, asistió a la reunión y no firmó. El poder legislativo quedó en el lugar del público mientras el Ejecutivo y seis directivos corporativos suscribían un texto que se presenta a sí mismo como constitucional. Atilio Borón describió hace tiempo la metamorfosis de las democracias occidentales en plutocracias, y lo que en su análisis era una tendencia se volvió protocolo de Estado.
Detrás de cada firma hay una porción de la infraestructura. Musk lo hizo en nombre de un conglomerado. En febrero de 2026 SpaceX absorbió a xAI, que un año antes había comprado la red social X, y en mayo Musk anunció que xAI dejaría de existir como empresa separada para convertirse en la división de inteligencia artificial de SpaceX. Cohetes, satélites Starlink, una red social y un modelo de lenguaje quedaron bajo un mismo dueño, que es además contratista central del Pentágono. OpenAI, representada por Brockman, administra ChatGPT, que superaba los 900 millones de usuarios semanales a comienzos de este año, con India como primer mercado y apenas un 5% de usuarios que pagan. Nvidia, la empresa de Jensen Huang, controla alrededor del 90% de los chips con los que se construyen los centros de datos de toda la industria, aunque no los fabrica, porque los produce TSMC en Taiwán. En la mesa de la Casa Blanca estaba la cadena completa, desde los chips hasta las aplicaciones por las que cerca de mil millones de personas consultan y escriben cada semana.
La escena de Nueva York completa la de Washington. Ante la Asamblea General, Trump comparó los riesgos de la inteligencia artificial con los del cambio climático, al que volvió a calificar de engaño, y anunció que el gobierno federal dejaría de llamarla “artificial” para hablar de “superinteligencia”, porque el adjetivo la hacía parecer falsa. Sostuvo que quien domine primero la tecnología gana y que no iba a sofocar el crecimiento de algo más grande que la revolución industrial. Para cualquier riesgo, dijo, alcanzan las autoridades que el país ya tiene, empezando por el Departamento de Justicia. Una semana después convirtió el anuncio en norma. El mismo 29 de septiembre firmó la orden ejecutiva “Inaugurating the Era of Super Intelligence”, que obliga al poder ejecutivo a usar los términos “Super Intelligence” y “SI” en lugar de “Artificial Intelligence” y “AI”, aunque las leyes del país sigan diciendo inteligencia artificial y el propio acuerdo no use la sigla.
Al día siguiente, en el Consejo de Seguridad, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, convirtió el discurso en doctrina. Estados Unidos rechaza toda gobernanza global de la IA avanzada, a la que también llamó superinteligencia, y considera que cada país debe regularla por su cuenta. Los riesgos no justifican pausar el desarrollo ni someterlo a nuevas estructuras internacionales, y el diálogo en Naciones Unidas no debe derivar en gobernanza. Lo que Washington ofrece a cambio son programas de exportación para que sus empresas ayuden a otros países a construir infraestructura. Como alternativa a cualquier marco multilateral, la Casa Blanca exhibió los Principios de Carolina, adoptados por los ministros de innovación del G20 en Chapel Hill el 2 de septiembre. Piden aplicar a la IA las regulaciones sectoriales ya existentes y reservar cualquier norma nueva para cuestiones que la ley vigente no pueda abordar, sin crear organismos reguladores específicos, y dejan a cada país la soberanía sobre la gobernanza de las tecnologías emergentes. Se aprobaron tres semanas después de que entraran en vigor las obligaciones del reglamento europeo de IA para los sistemas de alto riesgo, y funcionan como su contra modelo.
La soberanía de la que habla Kratsios tiene una definición propia. En la cumbre de Nueva Delhi de febrero, Kratsios ya había definido la “verdadera soberanía en IA” como la posesión y el uso de la mejor tecnología disponible, y la había asociado a un modelo construido sobre la pila tecnológica norteamericana, con una iniciativa de “campeones nacionales” destinada a integrar a las principales empresas de cada país socio en paquetes de exportación estadounidenses. La soberanía que propone Washington consiste en elegir libremente a qué proveedor norteamericano subordinarse. Es la versión diplomática del colonialismo de datos que describen Couldry y Mejías, en el que el Sur aporta datos y mercado mientras el Norte conserva el cómputo y las reglas.
Otras delegaciones dijeron cosas muy distintas. China defendió el derecho de cada país a elegir sus tecnologías sin camarillas excluyentes y respaldó un marco centrado en Naciones Unidas. Rusia cuestionó que el Consejo fuera el ámbito adecuado y prefirió foros especializados e inclusivos. Yoshua Bengio, uno de los padres de la disciplina, fue más lejos que todos y propuso licenciar los modelos de frontera. Guterres, ante la Asamblea, había advertido que el peligro está en una tecnología que no rinde cuentas a nadie.
En julio, en Shanghái, veintinueve países firmaron el tratado constitutivo de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), anunciada por Xi Jinping como respuesta a las demandas del Sur Global. Xi advirtió contra la sobreextensión del concepto de seguridad nacional en este campo, una crítica apenas velada a los controles de exportación norteamericanos. Entre los fundadores están Rusia, Sudáfrica, Indonesia, Pakistán y una decena de países africanos, y no figura ninguna de las grandes democracias occidentales. Washington tiene su propio club. Pax Silica, lanzada por el Departamento de Estado en diciembre de 2025, reúne a 24 signatarios elegidos por lo que aportan a la cadena de la IA, desde la fabricación de chips de Japón y Corea hasta el capital del Golfo y los minerales de Australia y Chile, mientras Taiwán adhiere a sus principios mediante una declaración bilateral. El Atlantic Council llegó a describirla como una posible zona regulatoria global de hecho, que es exactamente la arquitectura que Washington prefiere a cualquier gobernanza en Naciones Unidas.
China, de todos modos, también firmó los Principios de Carolina en Chapel Hill, porque comparte el lenguaje de la soberanía regulatoria nacional, que le sirve para gobernar su propio ecosistema sin injerencia externa. La diferencia está en la arquitectura internacional que cada potencia propone, más que en la forma en que regula puertas adentro. Washington rechaza toda instancia global y organiza la cadena por adhesión selectiva, y Beijing construye una institución de membresía abierta mientras respalda los foros de Naciones Unidas. La WAICO es también un instrumento de influencia, y sus críticos advierten que la adopción que promueve pasaría por infraestructura y modelos chinos. Lo mismo vale, con menos disimulo, para el programa de exportación de la pila tecnológica norteamericana.
Puertas adentro la línea es idéntica. El 11 de diciembre de 2025 Trump firmó la orden ejecutiva “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”, que creó en el Departamento de Justicia un grupo de litigio cuya única tarea es impugnar las leyes estatales sobre IA y habilitó a retener fondos federales de banda ancha a los estados con normas consideradas onerosas. La orden menciona por su nombre la ley de Colorado contra la discriminación algorítmica. Antes, el intento de imponer por vía legislativa una moratoria sobre las regulaciones estatales había naufragado en el Senado por 99 votos contra 1. Los estados siguieron legislando, con 109 leyes sobre inteligencia artificial sancionadas hasta el 1 de julio de este año, y el gobierno federal siguió buscando la forma de anularlas.
La industria acompaña ese esfuerzo con dinero electoral. Las estimaciones sobre el ciclo de las elecciones de medio término ubican entre 125 y 185 millones de dólares lo movilizado por ejecutivos y comités de acción política del sector para influir en elecciones de todos los niveles. El vehículo principal es Leading the Future, una red de super PAC financiada por los fundadores del fondo Andreessen Horowitz y por Greg Brockman, presidente de OpenAI, cuyo objetivo declarado es un marco federal que desplace las leyes de los estados. Meta montó sus propios comités con el mismo propósito. Uno de los afiliados de Leading the Future gastó cerca de 3,3 millones de dólares en avisos contra Alex Bores, el legislador neoyorquino que redactó la ley estatal de seguridad en IA conocida como RAISE Act. Brockman es uno de los firmantes del acuerdo de la Casa Blanca. La misma mano que suscribe el compromiso de autocontrol financia la campaña para que ningún control externo llegue a existir.
Tampoco se trata de un bloque sin fisuras. Anthropic respaldó a Public First Action, un grupo que promueve requisitos de transparencia para las empresas de frontera y se opone a la anulación de las leyes estatales. En el Consejo de Seguridad, Sam Altman sostuvo que las decisiones más importantes sobre IA no pueden quedar solo en manos de laboratorios de San Francisco y que deben pasar por procesos democráticos y gobiernos que rindan cuentas. Él, Dario Amodei y Clément Delangue, de Hugging Face, pidieron estándares internacionales o reglas de divulgación para los modelos más avanzados. Amodei, después de firmar, advirtió que los riesgos son muy reales y que el mecanismo para enfrentarlos sigue en discusión, y el mismo día trascendió que el prospecto de salida a bolsa de su empresa menciona un riesgo catastrófico o existencial. Son exponentes de la guerra civil híbrida que atraviesa a las élites norteamericanas. Pero el acuerdo resuelve esa tensión a favor de la fracción desreguladora. La fracción que pide reglas al Estado recibe una ceremonia, y la que quiere evitarlas recibe exactamente lo que buscaba.
Washington ya ensayó este método. En 2023 la administración Biden obtuvo de quince empresas un conjunto de ocho compromisos voluntarios de seguridad. Un estudio de investigadoras de Brown y Harvard, presentado en la conferencia AIES de la AAAI, evaluó a dieciséis firmantes y encontró un cumplimiento promedio de apenas el 52%. En la seguridad de los pesos de los modelos, el compromiso más sensible desde el punto de vista estratégico, el promedio fue del 17%, y once de las dieciséis empresas obtuvieron cero. El defecto de diseño que identificaron las autoras es la ausencia de cualquier mecanismo de verificación. El acuerdo de 2026 repite ese diseño con más capas, porque el auditor lo contrata la empresa auditada y el comité que recibe los informes pertenece al directorio que decide la estrategia comercial.
El obstáculo está en la estructura del negocio. La ventaja competitiva de esta industria se construyó sobre un vacío regulatorio, el que permitió entrenar modelos con datos ajenos sin consentimiento y levantar centros de datos a una escala que tensiona las redes eléctricas, financiados con un endeudamiento descomunal, al punto de que en el propio Consejo de Seguridad se advirtió sobre una burbuja capaz de desestabilizar la economía mundial. Cuando la carrera se formula como lo hizo Trump, donde quien llega primero gana todo, cualquier límite autoimpuesto equivale a un desarme unilateral frente a los competidores locales y frente a China. Un control interno dura exactamente lo que tarda en costar participación de mercado. El capital financiero ya conoció este esquema antes de 2008, cuando las calificadoras de riesgo cobraban a los mismos emisores cuyos títulos evaluaban. La tecnooligarquía, entrelazada con los grandes fondos que figuran como accionistas de casi todas estas empresas, repite un esquema que Wall Street conoce de memoria.
Por eso el acuerdo funciona como una ocupación preventiva del espacio regulatorio. Su función es política. Hacia adentro, le da a la Casa Blanca y a la industria un argumento ante el Congreso y los tribunales, porque si ya existen controles, las leyes estatales pasan a ser redundantes y la anulación federal se vuelve razonable. Hacia afuera, ofrece la prueba de que Estados Unidos no necesita ninguna gobernanza global porque sus empresas ya se gobiernan solas. El discurso en Naciones Unidas y la firma en la Casa Blanca son dos mitades de una misma operación.
El pacto confirma algo que suele perderse en el debate sobre las grandes tecnológicas. La tecnooligarquía no es un poder sin bandera que compite con el Estado norteamericano. Es su brazo operativo privilegiado en la fase de redespliegue de un hegemón en declive. En la Casa Blanca se sentó la tecnooligarquía en su forma más completa, del fabricante de chips al productor de modelos, con los mismos grandes fondos de inversión detrás de casi todos. Y la subsunción del Estado que analiza García Linera aparece aquí en su forma más acabada, un Estado que renuncia a regular a cambio de que sus corporaciones acepten presentarse como dispositivo de interés nacional. El arreglo por el cual Nvidia iba a ceder al gobierno federal el 15% de sus ventas de chips a China a cambio de las licencias de exportación, que finalmente no llegó a formalizarse, mostró un Estado que ya no se limita a proteger a su corporación y pretende asociarse a sus ganancias. No por casualidad la palabra “superinteligencia” viajó de la Asamblea General a los comunicados de la cumbre con Xi Jinping, mientras Beijing siguió hablando de inteligencia artificial. El término instala la idea de una carrera con meta y convierte cualquier freno en una concesión al rival.
Ese pacto se firma contra la voluntad declarada de la propia sociedad norteamericana. Una encuesta de CNN y SSRS difundida la semana anterior registró que alrededor de tres de cada cuatro estadounidenses miran con temor el crecimiento de la inteligencia artificial y que el 71% quiere que el gobierno federal aumente su regulación. La Casa Blanca respondió a esa demanda con un compromiso que no obliga a nada.
América Latina recibe las consecuencias sin haber participado de la discusión. Los estándares que estas empresas se fijan a sí mismas serán los de hecho para las plataformas que usan cientos de millones de personas en la región, y ningún parlamento latinoamericano tuvo nada que decir. La fórmula de Kratsios, según la cual cada país regula por su cuenta, suena a respeto por la soberanía y funciona como atomización. Cada Estado periférico queda solo frente a corporaciones cuya capitalización supera varias veces su producto bruto. La región, además, ya quedó partida por la línea de la disputa. Brasil firmó como fundador de la WAICO junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras la Argentina de Javier Milei se sumó en junio a Pax Silica junto a Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Por el lugar que ocupan en la cadena, lo que se les pide a Buenos Aires y a Santiago es litio y cobre. En Filipinas, otro socio reciente, ya se advirtió que el país quedaría integrado a una larga cadena en la que retiene una porción ínfima de las ganancias, y la advertencia vale para una región donde el extractivismo de siempre vuelve con el nombre de seguridad económica. Brasil entró a la WAICO sin cerrarle la puerta al capital occidental, y con eso obtuvo algo que la Argentina resignó, un lugar en la mesa donde se escriben las reglas iniciales. Ese margen de maniobra solo rinde si la región llega con capacidades propias y una posición coordinada, y la división actual lo vuelve casi imposible.
Para creer en la autorregulación de una industria cuya estrategia política entera apunta a eliminar regulaciones habría que ignorar lo que esa industria hace con su dinero y con su gobierno. Lo que se firmó en la Casa Blanca es un acta entre quienes deberían ser controlados y quien debería controlarlos, en la que ambos acuerdan que el control puede esperar.
