A medida que Brasil se encamina hacia una de las elecciones más disputadas de su historia reciente, una presencia externa comienza a ganar peso en el debate político nacional: la de Estados Unidos.
Después de eventos de injerencia electoral denunciados en 2025 en otros países de la región, y ante varios hechos recientes en el gigante sudamericano, crecen las voces que se preguntan hasta qué punto el pulso electoral se juega también fuera de las fronteras nacionales.
El tema ha ganado fuerza a partir de episodios concretos, como posicionamientos de políticos de Washington, iniciativas en materia de seguridad regional y la articulación internacional del bolsonarismo, que han sido interpretados por distintos sectores como indicios de una posible interferencia de cara a los comicios de octubre próximo.
La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar, aliada del presidente Donald Trump, manifestó en sus redes sociales que los brasileños “están hartos” del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien, dijo, “será derrotado en las urnas”.
Si se tratara de un hecho aislado, sus mensajes quizás pasarían inadvertidos entre el abundante flujo informativo diario, pero medios locales insertaron esos pronunciamientos en un contexto más amplio de movilización de legisladores conservadores de Estados Unidos que buscan influenciar el debate político en países latinoamericano.
Flávio Bolsonaro en la CPAC y las organizaciones criminales
Otro episodio que elevó el nivel de alerta fue la participación del senador Flávio Bolsonaro el 28 de marzo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en el estado norteamericano de Texas.
En ese foro, considerado uno de los principales espacios del conservadurismo estadounidense, el precandidato presidencial de derecha reforzó su alineación con Trump, a quien llegó a prometer recursos naturales brasileños si logra imponerse en los venideros comicios.
Durante su alocución, el hijo mayor del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2023) pidió que gobiernos e instituciones extranjeras “monitoreen la libertad de expresión” en Brasil y hagan presión diplomática para garantizar lo que llamó elecciones libres y justas.
Además, llegó a decir que Brasil será el campo de batalla donde se decidirá el futuro del hemisferio, porque el gigante sudamericano es la solución de Estados Unidos para romper su dependencia de China en minerales críticos, especialmente elementos de tierras raras.
Tales palabras fueron denunciadas por legisladores, miembros del Gobierno de Lula y medios de comunicación como entreguistas y contrarias a los intereses del país.
El diputado federal Lindbergh Farias, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), afirmó en X que el senador “fue a Estados Unidos para cumplir el papel que eligió: el de marioneta de Donald Trump contra el propio Brasil”, y lo acusó de “tratar minerales raros y riquezas naturales como activos disponibles para extranjeros”.
Sus palabras provocaron la reacción del propio Lula, quien acusó a Flávio Bolsonaro de buscar el apoyo de Trump para interferir en las elecciones brasileñas.
Durante una reunión con su gabinete, el jefe de Estado se refirió a la participación en la CPAC como una búsqueda de esa influencia, al tiempo que criticó la postura del presidente estadounidense en los conflictos internacionales e instó a sus ministros a reaccionar ante la injerencia extranjera.
A las tensiones generadas por este tema se suma que, pocas semanas antes, reportes de prensa se refirieron al interés de Estados Unidos en clasificar como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).
La propuesta, apoyada por el entorno bolsonarista, generó fuerte rechazo en otros sectores de Brasil, cuando analistas y dirigentes políticos sostienen que una decisión de ese tipo podría abrir la puerta a mecanismos de intervención extraterritorial bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo.
El Gobierno brasileño ha señalado que estas organizaciones son tratadas como grupos criminales dentro del marco legal nacional, y ha defendido que cualquier acción en ese ámbito debe respetar la soberanía del país.
Mientras se estima que la medida podría abrir un precedente de intervención en asuntos de seguridad interna, uno de los temores de las autoridades brasileñas es que, con esa designación, las operaciones del PCC y el CV se conviertan en objetivos de ataques militares estadounidenses, según indicaron varios reportes.
De acuerdo con CNN Brasil, el PT teme que el asunto sea utilizado por sectores opositores, después de que en mayo de 2025 Flávio Bolsonaro entregó a una delegación estadounidense un dossier elaborado por autoridades de seguridad de Río de Janeiro y São Paulo que busca vincular las actividades de las mencionadas facciones criminales con el terrorismo.
A todo ello se unen, además, las señales de alarma que se han visto desde el entorno regional, luego de las denuncias sobre interferencia electoral de Estados Unidos en las elecciones legislativas de Argentina y en las presidenciales de Honduras en 2025.
Según CNN Brasil, incluso antes de la controversia sobre las facciones criminales, el entorno del Ejecutivo brasileño ya evaluaba la posibilidad de una ofensiva política de Trump en la región, en un año en que también se celebrarán comicios en países como Perú y Colombia.
Una carrera electoral muy competitiva
El escenario interno brasileño amplifica las preocupaciones, cuando los comicios de octubre se perfilan como altamente reñidos, con Lula y Flávio Bolsonaro como principales figuras en disputa.
Los sondeos más recientes muestran a ambos rivales con un empate técnico en escenarios de segunda vuelta, lo que aumenta la sensibilidad ante cualquier factor externo que pueda influir en el resultado.
Para algunos especialistas, la influencia foránea no necesariamente se manifestaría mediante intervenciones directas, sino a través de mecanismos más sutiles como el apoyo político, la construcción de narrativas, la presión diplomática y campañas digitales.
Al respecto, expertos señalan que actores externos pueden influir en procesos electorales mediante el uso de redes sociales, bots y campañas coordinadas, una práctica ya documentada en diversos entornos a nivel global.
En ese contexto, el presidente Lula ha advertido de forma directa sobre el papel de la desinformación en el actual escenario electoral, como cuando en febrero pasado manifestó que 2026 debía ser “el año de la verdad” y llamó a enfrentar activamente las campañas de manipulación.
“Quien miente, debe ser desenmascarado. No se puede ver una mentira en el teléfono móvil de alguien y dejar que quede impune”, enfatizó el gobernante, quien continuamente ha alertado sobre el impacto de las noticias falsas en la percepción pública y en la calidad del debate democrático.
Dados los antecedentes externos e internos, a medida que avance la contienda electoral tan polarizada, las advertencias del jefe de Estado pueden parecer cada vez más necesarias.
