Señalan diversos archivos vinculados al caso Epstein que su socia, Ghislaine Maxwell, tras consumir alcohol, solía jactarse de sus supuestas incursiones en las selvas colombianas: pilotando un helicóptero Black Hawk, bombardeando presuntos campamentos insurgentes y persiguiendo a quienes huían aterrados entre la vegetación. Maxwell obtenía beneficios económicos al proveer niñas y jóvenes a las orgías de hombres poderosos y acaudalados. Asimismo, en el marco de estos círculos, habría disfrutado de disparar contra personas indefensas que corrían bajo la sombra de los helicópteros en supuestos “safaris” asociados a figuras del poder político. Pese a ello, poco se ha abordado en los medios acerca de estas prácticas dentro de las investigaciones sobre sus vínculos. En todo caso, se argumentaba que no se trataba de personas, sino de “terroristas”.
La caza de seres humanos parece suscitar mayor excitación que la caza de animales destinados a exhibirse como trofeos. La persecución de una persona que huye, intentando esquivar un disparo certero, se configura como una presa más “desafiante” para el cazador, en tanto se le atribuye una inteligencia superior a la de otros animales.
El filósofo francés Grégoire Chamayou ha rastreado esta práctica en su análisis sobre la historia de la dominación y la violencia en Occidente. Desde esta perspectiva, la caza de seres humanos constituye una técnica orientada a instaurar y reproducir el statu quo y las relaciones de poder. Para ello, resulta imprescindible trazar una distinción entre cazador y presa: toda práctica cinegética se apoya en una teoría que legitima por qué ciertos sujetos pueden ser perseguidos y eliminados, mientras otros quedan excluidos de tal condición.
El cazador deshumaniza a la presa con el fin de distanciarse moralmente y desactivar los mecanismos inhibitorios. Este proceso facilita la insensibilización frente al sufrimiento ajeno, al concebir al otro como un ente infrahumano. De este modo, se atenúa la empatía y se legitima la violencia bajo la idea de defensa frente a una supuesta amenaza. La víctima deja de ser percibida como sujeto capaz de sentir dolor.
La guerra constituye, por excelencia, una manifestación de esta lógica. En la guerra moderna, el francotirador encarna la figura arquetípica del cazador: identifica a la presa, la sigue mediante dispositivos de precisión, espera el momento oportuno y ejecuta el disparo con máxima eficiencia. En este contexto, el enemigo —real o construido— es despojado de derechos y dignidad, reducido a un objetivo cuya eliminación se presenta como necesaria.
Un ejemplo documentado se sitúa en la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995), durante el sitio de Sarajevo, donde se ha señalado que civiles adinerados, vinculados a círculos de extrema derecha, habrían pagado sumas considerables para participar como francotiradores durante fines de semana, disparando contra población civil, incluidos menores. Las víctimas de estos denominados “safaris humanos” eran percibidas como no humanas en razón de su pertenencia religiosa, lo que facilitaba su eliminación sin reparo moral.
En Estados Unidos, prácticas contemporáneas de persecución contra migrantes han sido descritas en términos análogos, aunque sin el uso directo de armas de fuego en todos los casos. Las detenciones, persecuciones y confinamientos se justifican bajo discursos que deshumanizan a estas poblaciones, presentándolas como amenazas criminales. Declaraciones públicas han contribuido a reforzar esta narrativa, al calificar a los migrantes como “animales” o “basura”, negando implícitamente su condición de sujetos de derechos.
En Colombia, un antecedente paradigmático se encuentra en las denominadas “Guahibiadas”, jornadas de caza de indígenas Sikuanis y Kuibas en las sabanas de la Orinoquía, practicadas hasta la década de 1970. En casos judiciales como la masacre de La Rubiera, algunos responsables alegaron desconocer la ilegalidad de sus actos, lo que derivó en su absolución. Estas comunidades fueron concebidas como un “otro” incompatible con el proyecto de Estado moderno y el avance del capitalismo, lo que legitimó su exterminio como parte de un proceso de reorganización territorial.
La caza del “bárbaro” operó, así, como un elemento fundacional en la construcción de identidades nacionales latinoamericanas. Lejos de constituir una anomalía, estas prácticas se integraron como tecnologías de poder orientadas a facilitar el progreso económico, aun a costa de la eliminación de poblaciones consideradas prescindibles.
En este sentido, las imágenes de helicópteros sobrevolando selvas y la figura de individuos que ejercen violencia bajo la justificación del combate al enemigo reflejan la persistencia histórica de mecanismos de deshumanización. Dichos mecanismos convierten a determinados grupos en objetivos legítimos en nombre del desarrollo y el orden.
Finalmente, cabe señalar que el proyecto de nación no fue concebido para integrar plenamente a las comunidades indígenas. Por el contrario, su consolidación implicó, en múltiples casos, su exclusión y persecución. El sufrimiento de estos pueblos rara vez ha sido reconocido dentro de los relatos oficiales, permaneciendo al margen de las narrativas nacionales que exaltan el progreso.
