La región Caribe de Colombia continúa enfrentando una serie de conflictividades que, aunque presentan ciertas variaciones, mantienen patrones similares a los observados en años anteriores. Como analizamos en julio de 2024, es un acumulado de problemáticas que va mostrando una realidad compleja e incierta.
Las dinámicas de expansión de grupos armados en las principales ciudades del Caribe, sobre todo de carácter paramilitar o en asociación con estos, las disputas territoriales y los riesgos asociados al reclutamiento de menores o la amenaza a liderazgos han persistido, lo que afecta gravemente el tejido social de la región.
Además, los impactos humanitarios en zonas como el sur de Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta han sido alarmantes, con eventos de confinamiento y desplazamientos masivos que han dejado a cientos de familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, como ha reportado la Defensoría del Pueblo en distintas Alertas Tempranas.
Como señaló Iris Marín, defensora del pueblo, en un análisis reciente: “Lo que allí ocurre, también en el resto de la región Caribe, es parte de una dinámica que observamos con distintas especificidades en muchas partes del país”. Esta frase encapsula la conexión entre los eventos actuales y los del año pasado, pero puede servir para entender también que varias conflictividades irrumpen en el escenario y no está directamente relacionadas con temas de seguridad y paz: servicios públicos, movilidad (peajes), transición energética, violencia contra la mujer, corrupción, entre otros.
Como en el Macondo de Cien años de soledad, la realidad se repite como ciclo y como patrón, la violencia y la desigualdad se imponen a los otros (aquellos que no forman parte de la normatividad de vida impuesta por el Estado colombiano), por lo cual los retos para superar este escenario parecen rayar en la utopía.
Paramilitarismo y control social
Hace dos semanas describimos de manera sucinta cómo se está manifestando la violencia, el paramilitarismo y la inseguridad en el Caribe, para lo cual citamos distintas fuentes e informes. Ahora queremos concentrarnos más bien en lo que se esconde o se manifiesta detrás de estas dinámicas.
En los últimos años, no deja de preocupar el crecimiento y consolidación del paramilitarismo y bandas del crimen en las principales ciudades del Caribe (Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y su área metropolitana, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Maicao), mucho menos la creciente violencia y control social que se viene imponiendo en regiones como Sur de Bolívar, Sierra Nevada, Troncal del Caribe, Alta Guajira y sur de La Guajira, Sur de Cesar y Serranía del Perijá, Montes de María o Golfo de Morrosquillo.
Sin menoscabo de lo que algunos denominan gobernanza violenta, estamos ante un modelo de control social violento que lentamente se ha ido consolidando en el Caribe porque impacta no solo los liderazgos sociales y ambientales de territorios rurales, oprime, persigue, perfila, condena y amenaza a los sujetos sociales más vulnerables de la región: mujeres y jóvenes, tenderos, pequeños comerciantes, transportistas, líderes comunales, comunidades indígenas y afro.
Durante el periodo de Uribe vimos cómo el Caribe fue arrasado por el paramilitarismo bajo la excusa de la lucha contrainsurgente; a la par, o más bien como parte de esa política, todo el tejido social quedó fracturado: movimientos sociales, cristianos, campesinos, de derechos humanos, sector universitario.
Esta política de control social permitió que se consolidaran proyectos mineroextractivos, de infraestructura, de monocultivos, robo de tierras a campesinos desplazados. Lo que sucedió después del proceso de Justicia y Paz no fue más que el reacomodo del paramilitarismo, que poco a poco fue mutando e insertándose en las dinámicas urbanas. Sería ingenuo pensar que lo que sucede hoy nada tiene que ver con lo que sucedió en la década de 1990 y 2000.
Los últimos diez años, los grupos armados comprendieron la importancia de las dinámicas urbanas. Más allá del tema del narcotráfico o control de las rutas de extracción de drogas, fueron estableciendo perímetros de acción permanentes para consolidar su fuerza militar y económica, pero también la influencia sobre poblaciones enteras. El control de las ciudades les permite desarrollar centros de operaciones y logística, integrarse al circuito económico legal e ilegal, penetrar instituciones públicas (incluidas las de seguridad).
Estas estructuras armadas, sobre todo paramilitares y del crimen organizado, se posicionan como fuerzas de control social y, ¿adivinen qué?, cumplen el mismo rol del paramilitarismo de la década del 2000: impactan sobre liderazgos y determinan todas las dinámicas sociales donde tienen asiento.
Esto no es fortuito, el Caribe es una región estratégica por su posición geográfica y por contar con ocho de los diez puertos principales del país, sin mencionar la conexión vial con el resto del país; es el centro de desarrollo de proyectos eólicos (extractivismo verde); sigue siendo un territorio privilegiado por sus cuerpos de agua, fundamentales para la industria y la agricultura, para la energía y el transporte, además para el turismo.
El avance del paramilitarismo en esta región hace que los procesos sociales, los liderazgos comunales, ambientales y de derechos humanos se autocensuren, desplacen o mermen en su rol de contraloría alternativa y popular, lo que deja el camino despejado para que las condiciones de desigualdad y miseria se perpetúen, para que la explotación y extracción de recursos se mantenga invariable y sin ningún tipo de resistencia.
Hoy, el crimen organizado y el paramilitarismo instalado en las principales ciudades del Caribe son afines al establecimiento, a la élite económica, la política local y regional, no porque públicamente hayan firmado un pacto, sino porque resguardan sus intereses ¿O acaso ellos y sus inversiones han sido afectadas por esta violencia?
Se han visto afectadas más bien las redes de economía popular, los precarizados trabajadores informales, tenderos y pequeños comercios porque deben tributar sí o sí a estas organizaciones criminales o irse del territorio.
Otro elemento que llama a la reflexión es la permisividad, inoperancia, ineptitud y corrupción de gobiernos y fuerza pública. Desde hace más de diez años, distintos informes de organizaciones de derechos humanos y reportajes independientes vienen advirtiendo sobre el crecimiento del crimen y el paramilitarismo en las principales ciudades caribeñas.
Con el avance técnico y militar que tuvo la fuerza pública colombiana durante los primeros años de implementación del Plan Colombia, sobre todo durante el período de Uribe, es imposible que no sepan cómo operan, cuáles son sus esquemas financieros, ni cómo desarticularlos.
Esto se complejiza porque, además, el paramilitarismo forma parte de la doctrina militar del Estado colombiano y esto no ha cambiado. Sigue intacto a pesar de los esfuerzos del Gobierno por entablar negociaciones de paz con las AGC o con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, o de la pública y expresa oposición del presidente Petro al paramilitarismo.
Seguridad binacional
Frente a este tema, un último elemento queremos mencionar y tiene que ver con la militarización de todo el corredor fronterizo norte que colinda con Venezuela. Para nadie es un secreto que las AGC se han venido corriendo desde el Sur de Bolívar hacia el Magdalena Medio y no precisamente para controlar los corredores de drogas, como señalan algunos analistas.
Tanto las AGC como los Conquistadores se disputan rutas —o tienen planes para expandirse— en los territorios de la Sierra Nevada, Troncal del Caribe, Riohacha, Maicao, Sur de la Guajira y Alta Guajira. En esta dinámica entran en juego las denominadas disidencias de las FARC, de quienes se registran actividades en territorios de la Serranía del Perijá y sur de La Guajira.
A esto debemos sumarle la intención del presidente Petro de acordar un plan binacional de seguridad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de combatir y erradicar a las agrupaciones armadas, pero con énfasis hacia el ELN.
Aunque sea poco probable que Venezuela ponga en riesgo su soberanía por las consecuencias que traería acordar un plan de seguridad binacional con un país que sigue siendo anexo militar de Estados Unidos, preocupa la insistencia del Gobierno Petro por el contexto de lo que significó el Plan Colombia.
Desde la década de 1990 es parte de la estrategia imperial de Estados Unidos dominar a Venezuela a través de Colombia. Pero no todas las apuestas del Plan Colombia se cumplieron a cabalidad. A pesar de las distintas operaciones y conspiraciones planificadas desde Colombia contra Venezuela desde principios de la década del 2000 hasta hoy, nuestro hermano país sigue defendiendo su modelo bolivariano y desmontando planes de todo tipo.
Digamos que estamos ante una nueva fase de la guerra con miras a desestabilizar el occidente venezolano y al Gobierno de Maduro. La guerra proxy en el norte de Colombia, guerra difusa, múltiple o como quieran llamarla, también tiene el ojo puesto sobre Venezuela.
Energía en suspenso
El servicio eléctrico en el Caribe sigue siendo un tema complejo y de gran impacto para la región: por la intervención de AIR-e, las altas tarifas de energía, la deficiencia inocultable del servicio, el malestar general de la ciudadanía (aunque no ha protestado con la intensidad de 2024), la presión/chantaje de Afinia (respaldada por varios gremios) para que el Gobierno pague el subsidio destinado a los estratos más vulnerables.
A pesar de los varios anuncios del ejecutivo, la tarifa de energía sigue siendo la más alta del país y hasta hoy no se presenta una solución, plan o agenda clara que nos permita afirmar que en determinado tiempo las tarifas se equilibrarán.
Varios factores inciden. En primer lugar, el modelo de servicio de energía colombiano que, a pesar de estar regulado y normatizado por el Estado, es manejado en su gran mayoría por el sector privado en las áreas de generación, transmisión, distribución, comercialización y operación.
Es decir, un derecho básico es tratado como negocio en todas sus fases, el Estado en teoría funciona como regulador (en la práctica mandan los intereses de las empresas que manejan el sector). Esta es la principal traba que encuentra el Gobierno a la hora de intentar implementar medidas o de utilizar las normas y leyes existentes para reducir las tarifas del servicio eléctrico.
La ley de reforma de servicios públicos se presenta como un instrumento importante para revertir esta realidad, entre sus apuestas tenemos la justicia tarifaria, la universalización en la prestación del servicio, los usuarios como el centro de la regulación, el fortalecimiento institucional y gobernanza en materia de servicios, la focalización de subsidios y la participación comunitaria en la prestación del servicio.
Por desgracia, corre la misma suerte que la reforma de salud o la reforma laboral. Las empresas mueven su lobby y los congresistas obedecen.
Lo segundo es que desde todos los frentes, y en consonancia con la mayoría de los actores políticos tradicionales y gobernadores de la región, atacan cualquier intento del Gobierno por ordenar el servicio y frenar el saqueo a los bolsillos de los usuarios.
Uno de los ataques más frecuentes este año ha sido la amenaza por parte de Afinia con suspender definitivamente el servicio si el Gobierno no les cancela la deuda por los subsidios a los estratos 1 y 2. Y en esta campaña están participando activamente gremios y políticos de la región.
La propuesta de creación de una empresa pública regional de carácter social con capital del Estado, que sirva de transición para superar la crisis y reemplazar a los operadores privados, queda en la esperanza de la gente, más no en los planes del Gobierno.
La intervención de Air-e, después de seis meses y con tres agentes nombrados, no ha resuelto la angustiosa situación de la energía en el Caribe. A cada intento, una traba. Lo más que ha podido hacer Petro es sobre diagnosticar la situación y movilizar a la gente para protestar contra las operadoras, como lo hizo a finales de enero.
Peajes, otro dolor de cabeza
Las protestas en el Caribe colombiano relacionadas con los peajes han sido numerosas y recurrentes. Por ejemplo, en el Atlántico, comunidades como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela han liderado manifestaciones contra las tarifas de los peajes, exigiendo la suspensión definitiva del cobro.
En Sucre, los habitantes de Corozal bloquearon vías para impedir la continuidad operativa del peaje Las Flores, argumentando que las obras no beneficiaron a la región.
La prensa y el sector privado señalan que los bloqueos y protestas en estaciones de peaje como Turbaco, Sabanagrande y Galapa impactaron económicamente los proyectos de infraestructura, pero no dicen que hasta hoy la solución que ha utilizado el gobierno es subsidiar el no cobro de los peajes y que los operadores se benefician igualmente.
Con el tema de los peajes sucede algo similar al caso del servicio eléctrico. El modelo de producción y explotación es el mismo: en teoría el Estado regula y el sector privado se llena el bolsillo con la construcción y mantenimiento de carreteras y vías.
Otro punto clave en este tema es que el derecho a la movilidad y la consulta previa han sido vulnerados por más de 30 años, y de esto es consciente buena parte de las comunidades que encabezan las protestas en torno a los peajes. Lo que hace que sea una de las manifestaciones sociales con mayor capacidad de movilización y/o impacto en la región.
Queda en evidencia que el modelo político y económico implementado en la década de 1990 está por encima de los intereses de la gente. Y ese es el debate que se debe dar para lograr superar la inequidad y la deficiencia en la prestación de los servicios de agua, aseo, energía y en la administración de la vialidad en la región.
Recuperación de tierras
Los procesos de recuperación de tierras en el departamento de Cesar han estado marcados por algunos avances significativos, pero también por trabas legales y persecución a los campesinos y procesos por parte de FEDEGAN y la Policía Nacional.
A finales de 2024, la Agencia Nacional de Tierras entregó 7.500 hectáreas a organizaciones campesinas en municipios como Aguachica, Astrea, Gamarra, La Gloria, San Martín y Valledupar.
Estas tierras beneficiaron a 739 familias, incluyendo víctimas de desplazamientos forzados y violencia paramilitar. Ejemplos emblemáticos incluyen el predio “La América”, que pasó de ser un centro de actividades ilícitas a un espacio para la reforma agraria.
Lo anterior significa un avance. Sin embargo, durante el primer trimestre del año, sobre todo marzo, la recuperación de tierras en el departamento ha tomado un giro violento por la campaña de desprestigio, persecución y estigmatización que FEDEGAN emprendió en el sur y norte de Cesar. Esta estrategia cuenta con el respaldo incondicional de su principal medio de comunicación, Contexto Ganadero, así como de otros medios… y con la complacencia de la Policía Nacional.
La campaña busca desacreditar y deslegitimar la lucha por la recuperación de tierras en el departamento y el resto del país. También encubre el hecho de que las llamadas Brigadas Solidarias Ganaderas, con el apoyo explícito de la Policía Nacional, se han convertido en un instrumento de intimidación y agresión contra los campesinos. Un ejemplo reciente de esto ocurrió en las fincas Las Carmelas y Siete Plagas, en Codazzi, donde estas brigadas atacaron a las comunidades locales.
El presidente de Fedegan y principal portavoz de esta campaña, José Félix Lafaurie, afirmó en un artículo publicado por Contexto Ganadero que “las Guardias Campesinas, bajo una apariencia pacífica, son en realidad organizaciones uniformadas, entrenadas e ideologizadas, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestros de miembros de la Fuerza Pública”. Incluso insinuó vínculos con organizaciones guerrilleras.
Lafaurie también sostiene que el Gobierno ha otorgado excesivo poder y concesiones al campesinado. Sin embargo, la única concesión evidente parece ser la autorización a Fedegan para desplegar, con apoyo de la Policía Nacional, las Brigadas Solidarias Ganaderas.
A pesar de la condena enérgica de febrero de 2024, en la que el ex ministro de la defensa, Iván Velásquez, paró en seco a José Félix Lauferie, las Brigadas Ganaderas siguen actuando como una fuerza para estatal y esto no lo dice FEDEGAN.
Se intenta presentar a estas brigadas como entidades altruistas que contribuyen al orden en los territorios y colaboran con las autoridades. No obstante, desde hace más de un año se ha advertido que su creación podría derivar en nuevas formas de paramilitarismo, como ocurrió en la década de 1990, cuando sectores ganaderos apoyaron y participaron en las AUC bajo el pretexto de combatir a las guerrillas.
También destaca la movilización y protestas en el Cesar de las comunidades campesinas organizadas en la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.
Desde hace más de un año, el Ministerio del Interior no convocaba la Mesa de Interlocución Regional, pactada desde 2022 con la Comisión, para encontrar soluciones a las demandas sobre el acceso y uso de la tierra o la protección de los liderazgos.
Para cerrar, no se puede pasar por alto un caso que significó un duro golpe al proceso de recuperación de tierras: la revictimización de los reclamantes de la hacienda Bellacruz agrupadas en la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), que recibieron el predio por parte del Gobierno en un acto público liderado por el presidente Petro en noviembre pasado.
En marzo fueron notificados que debían abandonar el predio tras una decisión de la Fiscalía porque la Agencia Nacional de Tierras no formalizó la propiedad de los campesinos. Este revés se presenta como uno de los casos de ineficiencia, ineptitud y traba burocrática más importantes de los últimos años, que deja mal parada a las autoridades agrarias del Gobierno Petro.
En resumen, aunque los procesos de recuperación de tierras en Cesar han logrado avances importantes, las organizaciones campesinas enfrentan una lucha constante contra la burocracia estatal y la élite ganadera del departamento.
Violencia contra la mujer
Un artículo publicado por El Tiempo a finales de enero destacó un grave panorama de violencia de género en el departamento del Atlántico. Según datos de la Policía departamental, 540 mujeres vivían bajo medidas de protección debido a agresiones físicas perpetradas por sus parejas o incluso figuras paternas.
El Sistema Médico Legal Colombiano reportó un total de 4.999 casos de violencia de género en 2024 en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, La Guajira y San Andrés y Providencia. De estos, 1.858 ocurrieron en el Atlántico, representando un 37,17 % del total en la región. Barranquilla destacó con 1.101 casos, que equivalen al 59,26 % del total departamental.
En el Cesar, la situación también es alarmante. Hasta octubre de 2024, se documentaron 483 casos de violencia sexual contra mujeres, de los cuales más del 70 % involucraron a menores entre los 6 y 17 años, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS). Este contexto llevó a la Asamblea Departamental a aprobar la proposición 38, convocando un debate de control con instituciones y autoridades locales.
Ambos departamentos comparten una preocupante falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género. También enfrentan serias deficiencias en cuanto a infraestructura, servicios, equipos o rutas de atención para prevenir la violencia de género.
¿Adiós al carbón?
La empresa minera Cerrejón, propiedad de Glencore, reducirá su producción anual de carbón en un 50 %, pasando de 19 millones de toneladas en 2024 a un máximo de 10 millones. Esta decisión responde a factores económicos, sociales y políticos, y tendrá un impacto significativo en la economía de La Guajira, donde la minería representa casi la mitad del PIB.
Estas son las razones que expone la multinacional:
- Precios insostenibles del carbón térmico en mercados asiáticos y reducción de la demanda en Europa.
- Incremento de bloqueos en la producción (333 en 2024 frente a 60 en 2021) y ataques con explosivos a la infraestructura.
- Restricciones impuestas por el Gobierno colombiano, como la prohibición de exportar carbón a Israel en 2024.
Esto representará una reducción de ingresos para La Guajira, donde la minería representó el 45,7 % del PIB en 2023. Pero también un impacto a la lucha sindical que los trabajadores de Cerrejón han venido sosteniendo los últimos años para defender los intereses laborales y desmontar la política de persecución sindical ejecutada por la transnacional.
No se debe pasar por alto que en agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro, en reunión con el presidente de la Confederación Suiza Alain Berset, de visita en Colombia, mencionó la posibilidad de dar “salida concertada” entre Suiza, Colombia y Glencore, con relación a la operación de El Cerrejón, así como una limitación de la expansión de su actividad.
Este balance presentado por la propia transnacional se debe analizar en el marco de otro caso de impacto en el Cesar: la salida de Prodeco y la crisis económica que esto está provocando.
En ambos casos, tanto trabajadores como comunidades demandan que las transnacionales cumplan con los pasivos ambientales y sociales acumulados durante más de tres décadas, con condenas judiciales como la emitida contra Prodeco o contra el Cerrejón por el caso del arroyo Bruno.
Sectores ambientales, sindicales y sociales trabajan en función de un objetivo prioritario: construir una transición energética para convertir los corredores mineros de Cesar y La Guajira en centros para la reproducción de la vida y la producción de alimentos, algo en lo que el Gobierno se comprometió, pero no avanzó más allá del discurso de transición energética.
Tampoco han avanzado las propuestas de construir corredores turísticos tanto en La Guajira como en el Cesar, como alternativa a la economía extractivista que socavó la vocación agrícola del territorio.
Dos elementos finales que se deben considerar. La magnitud y poder que las comunidades de La Guajira han ganado frente a la transnacional que opera el Cerrejón. Fueron 333 bloqueos registrados durante 2024 para demandar desde mejoras viales, atención social y de salud, hasta cumplimiento de acuerdos varios pactados por la minera con las comunidades. Las comunidades que han participado en estos bloqueos están conscientes que Cerrejón no solo desplazó a comunidades indígenas y afro del territorio, sino que acabó con el río Ranchería, impactó en la espiritualidad del pueblo wayuu y condicionó la movilidad de territorios ancestrales.
El otro elemento es que los planes del Gobierno en torno a la transición energética en La Guajira chocaron con la realidad: proyectos eólicos paralizados por el incumplimiento de las consultas previas. Además, una especie de saboteo que opera desde las mineras del carbón: como ya saquearon el Cesar y La Guajira y en el mercado internacional no es rentable seguir explotando este mineral, entonces anuncian salidas inminentes.
Esto, en lo inmediato, impactará las finanzas públicas y deteriorará la imagen del Gobierno, ya que la opinión pública volcará toda la responsabilidad al presidente Petro sin poner en la balanza el estruendoso saqueo y el ecocidio perpetrado por las transnacionales.
