Lawfare. La guerra leguleya contra la esperanza popular está llamada a combatirse con más democracia y con la movilización en la calle. Cuando se le ha derrotado es porque el pueblo habló y se manifestó.
Colombia es noticia por el golpe en desarrollo contra el presidente Gustavo Petro. El organismo electoral de Colombia desenvaina el cuchillo del golpe leguleyo, el típico lawfare o golpe jurídico, y los medios se lanzan en coro, y con mucho ruido, a multiplicar la trastada.
En efecto, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, formuló cargos contra el presidente Gustavo Petro, porque supuestamente viola las normas sobre financiamiento, en la campaña electoral de 2022 que lo llevó a la presidencia. La decisión fue aprobada con siete votos a favor y dos salvados.
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Así se formalizó un proceso legal que puede culminar con la destitución de Petro. Es la guerra jurídica, el golpe (de Estado) blando, que las oligarquías de nuestros países de América Latina utilizan contra quienes tengan el atrevimiento (y la rebeldía) de proponer y adelantar reformas y cambios políticos y económicos.
En tiempos recientes esa receta se ha aplicado contra Chávez y Maduro, en Venezuela; Lula y Dilma, en Brasil; Evo Morales, en Bolivia; Cristina Fernández, en Argentina; Fernando Lugo, en Paraguay; Pedro Castillo, en Perú; y así sucesivamente.
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El golpe blando como forma de agresión
En un debate electoral transmitido por televisión, a Barak Obama le preguntan qué haría si siendo presidente le dijeran que Osama Bin Laden está en Paquistán. Respondió con el hacha en la mano: “We will kill Bin Laden. We will crush Al Qaeda. That has to be our biggest national security priority (Lo mataremos y lo aplastaremos. La seguridad nacional es nuestra mayor prioridad)”. Es la guerra, sin juicio, ni proceso, ni derechos. La pena máxima, sin pensarlo. A sangre y fuego.
Pero también está el cada vez más utilizado lawfare, para salir de rivales temidos. Explica el profesor José Luis Martí (1) que consiste en una estrategia que “empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego, viene un bombardeo mediático cuyo objetivo es aniquilar el apoyo que pueda tener la víctima escogida. En ese marco, ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue preestablecida por los medios y la supuesta opinión pública”.
“El poder judicial es independiente del pueblo, en nombre del cual dicta la ley, pero no de la oligarquía que decide cuáles son las leyes, y las medidas, que favorecen la acumulación de privilegios”
Cualquiera que proponga cambios de cualquier tipo es sometido al fuego colérico de las acusaciones, las noticias falsas, las dilaciones procesales y las acciones leguleyas, hasta llegar a la condena por hechos no corroborados. Para conseguir semejante propósito están las corporaciones mediáticas, poderosas, que hacen de la manipulación un juego incesante, y de poderes judiciales, domesticados, colonizados y corruptos.
Es el lawfare, temido anglicismo que fusiona law (ley en inglés) y warfare (guerra). Es la guerra jurídica empleada como arma cotidiana en contra de políticas alternativas. Es la judicialización de la política para contener la protesta de los movimientos sociales y condenar a líderes y dirigentes políticos, que enarbolen banderas y reclamos populares.
La publicitada división de poderes se queda en la ficción porque el método para el nombramiento de los jueces tiene una evidente naturaleza política, que conviene a los que siempre han mandado. El poder judicial es independiente del pueblo, en nombre del cual dicta la ley, pero no de la oligarquía que decide cuáles son las leyes, y las medidas, que favorecen la acumulación de privilegios.
La guerra jurídica para destituir a líderes incómodos o adversarios es la nueva modalidad, a la que se recurre cada vez con más frecuencia. Para sacar a Perón bombardearon la casa presidencial en Buenos Aires, en 1955. Para derrocar al gobierno popular de Salvador Allende, Pinochet y sus secuaces atacaron La Moneda, la casa presidencial en Santiago de Chile. Ahora los golpes de Estado se dan sin violencia aparente. Las armas son esas: el poder judicial y el aparato mediático. Es la máquina del lawfare.
Lawfare contra Venezuela
Desde la victoria electoral de Hugo Chávez, en 1998, distintas administraciones estadounidenses han intentado producir un “cambio de régimen”. Primero contra Chávez y después contra el presidente Nicolás Maduro, mediante el lawfare, se ha buscado justificar todo tipo de agresión. Han sido acusados de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero, para denostar y lanzar sanciones en contra de una Venezuela insumisa y rebelde, que no se somete a las acciones injerencistas del imperialismo gringo.
“No pudieron con un supuesto gobierno interino de Juan Guaidó, ni pueden ahora con peones desgastados como Edmundo González y María Machado, sin capacidad de movilización de calle. Por eso claman por una ‘ayuda’ de la ‘comunidad internacional’”
Con el eufemismo de “Marco para la transición democrática en Venezuela” han insistido en un plan que viola el derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas. La no intervención, la libre determinación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales han sido borrados del mapa, de manera descarada y premeditada. Con todo cinismo.
El periodista Carlos Fazio, en La Jornada, puntualiza que “el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: ‘Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento’. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video)”.
A pesar de su persistencia, el plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono ha sido derrotado, una y otra vez. No pudieron con un supuesto gobierno interino de Juan Guaidó, ni pueden ahora con peones desgastados como Edmundo González y María Machado, sin capacidad de movilización de calle. Por eso claman por una “ayuda” de la “comunidad internacional”.
Contra Lula y Dilma
Brasil es un caso emblemático. En 2018 Lula fue enviado a la cárcel para inhabilitarlo como candidato y allanar el camino de la opción neoliberal y neofascista de Bolsonaro. Durante 580 días estuvo preso en una cárcel en Curitiba. Si Lula salía al exilio de hecho renunciaba a su liderazgo. Corrió el riesgo que significó la prisión y tuvo la fortaleza para revertir la decisión, recuperar su libertad y regresar como presidente en las elecciones de 2022. Jugó el albur y pudo seguir su batalla.
Antes Dilma, en 2016, fue destituida como presidenta, por una decisión del Congreso, que aplicó la figura del impeachment. Fue una decisión sin pruebas, en la llamada causa del Lava jato.
“proscrita [Cristina Fernández] para cerrar su posible candidatura a la presidencia en 2023. De ese modo se allanó el camino para el triunfo del neofascista Milei, quien llegó con la bandera de destruir el Estado y las políticas públicas en educación…”
El ataque a Correa y otros golpes
Sobran los ejemplos de golpes malignos. En Perú, en diciembre de 2022, Pedro Castillo fue declarado por el Congreso con “incapacidad moral” y despojado de la presidencia. Había ganado el 28 de julio de 2021 con la promesa de reoxigenar la política de su país.
En noviembre de 2019 le armaron la celada a Evo Morales, en Bolivia. Bajo amenazas contra su vida y la de los integrantes de su equipo de gobierno, y con violencia callejera, finalmente, se acogió a la propuesta de asilo político del gobierno de México.
En Ecuador se quebró el principio de congruencia. Al expresidente Rafael Correa se le acusó de algo y se le condenó por otra cosa. Un audio filtrado mostró como un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, primero consideraba nulo lo actuado en la causa contra Correa y después falló en su contra, cuando le tocó decidir. Por ese cambio de parecer fue premiado con la presidencia de la Corte.
Contra Cristina Fernández llueven las causas judiciales, después de concluir, en diciembre de 2015, su segundo mandato como presidenta de Argentina. Judicialmente acosada y mediáticamente vilipendiada. De hecho, proscrita para cerrar su posible candidatura a la presidencia en 2023. De ese modo se allanó el camino para el triunfo del neofascista Milei, quien llegó con la bandera de destruir el Estado y las políticas públicas en educación, salud y otras áreas sensibles.
El recuento pudiera hacerse cansón. Faltan los casos muy sonados de Fernando Lugo, en Paraguay; y el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009, entre otros.
En defensa propia
Cuesta pensar que se pueda encontrar una respuesta política y legal, a la guerra jurídica, sin la presencia del pueblo en la calle, movilizado y con disposición para intervenir en los asuntos públicos.
Cuando ha habido respuestas favorables, que han atajado el lawfare, el pueblo se movilizó, hizo grandes o pequeñas concentraciones o participó de un referéndum y allí decidió. Así sucedió con Chávez y Maduro. Un ejemplo contrario es cuando se destituyó a Dilma y la ingrata calle no dijo nada. Se dependió de una batalla parlamentaria que estaba perdida de antemano.
También es verdad que se debe deliberar sobre la democratización de la administración de justicia. No luce afortunado ni razonable que el poder judicial, resultado de decisiones palaciegas, sea el protagonista de decisiones cruciales, donde se resuelve la disputa por el poder.
En palabras de Luis Britto García (2), “contra lawfare caben dos remedios tempranos: reformas que amplíen la participación popular y protagónica en la elección del poder legislativo y judicial, procurador y fiscal, y dinámica relación con los ciudadanos que motorice la movilización popular masiva”.
En este momento, a Petro y la Colombia que promueve transformaciones, y no se rinde, ni atemoriza, les toca salir y hablar, con calle y no solo con votos. Sin dar ni pedir permiso, para que no consigan sus objetivos los que siempre han mandado.
Autor: Orlando Villalobos Finol
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Referencias
- Martí, José Luis (2020. Entre lawfares te veas. El derecho como arma de guerra. Recuperado en https://revistaidees.cat/es/lawfare-y-democracia-el-derecho-como-arma-de-guerra/
- Britto García, Luis (2024). Recuperado en http://luisbrittogarcia.blogspot.com/
