Hace dos semanas describimos de manera sucinta c\u00f3mo se est\u00e1 manifestando la violencia, el paramilitarismo y la inseguridad en el Caribe, para lo cual citamos distintas fuentes e informes.<\/a>\u00a0Ahora queremos concentrarnos m\u00e1s bien en lo que se esconde o se manifiesta detr\u00e1s de estas din\u00e1micas.<\/p>\nEn los \u00faltimos a\u00f1os, no deja de preocupar el crecimiento y consolidaci\u00f3n del paramilitarismo y bandas del crimen en las principales ciudades del Caribe (Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y su \u00e1rea metropolitana, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Maicao), mucho menos la creciente violencia y control social que se viene imponiendo en regiones como Sur de Bol\u00edvar, Sierra Nevada, Troncal del Caribe, Alta Guajira y sur de La Guajira, Sur de Cesar y Serran\u00eda del Perij\u00e1, Montes de Mar\u00eda o Golfo de Morrosquillo.<\/p>\n
Sin menoscabo de lo que algunos denominan gobernanza violenta, estamos ante un modelo de control social violento que lentamente se ha ido consolidando en el Caribe porque impacta no solo los liderazgos sociales y ambientales de territorios rurales, oprime, persigue, perfila, condena y amenaza a los sujetos sociales m\u00e1s vulnerables de la regi\u00f3n: mujeres y j\u00f3venes, tenderos, peque\u00f1os comerciantes, transportistas, l\u00edderes comunales, comunidades ind\u00edgenas y afro.<\/p>\n
Durante el periodo de Uribe vimos c\u00f3mo el Caribe fue arrasado por el paramilitarismo bajo la excusa de la lucha contrainsurgente; a la par, o m\u00e1s bien como parte de esa pol\u00edtica, todo el tejido social qued\u00f3 fracturado: movimientos sociales, cristianos, campesinos, de derechos humanos, sector universitario.<\/p>\n
Esta pol\u00edtica de control social permiti\u00f3 que se consolidaran proyectos mineroextractivos, de infraestructura, de monocultivos, robo de tierras a campesinos desplazados. Lo que sucedi\u00f3 despu\u00e9s del proceso de Justicia y Paz no fue m\u00e1s que el reacomodo del paramilitarismo, que poco a poco fue mutando e insert\u00e1ndose en las din\u00e1micas urbanas. Ser\u00eda ingenuo pensar que lo que sucede hoy nada tiene que ver con lo que sucedi\u00f3 en la d\u00e9cada de 1990 y 2000.<\/p>\n
Los \u00faltimos diez a\u00f1os, los grupos armados comprendieron la importancia de las din\u00e1micas urbanas. M\u00e1s all\u00e1 del tema del narcotr\u00e1fico o control de las rutas de extracci\u00f3n de drogas, fueron estableciendo per\u00edmetros de acci\u00f3n permanentes para consolidar su fuerza militar y econ\u00f3mica, pero tambi\u00e9n la influencia sobre poblaciones enteras. El control de las ciudades les permite desarrollar centros de operaciones y log\u00edstica, integrarse al circuito econ\u00f3mico legal e ilegal, penetrar instituciones p\u00fablicas (incluidas las de seguridad).<\/p>\n
Estas estructuras armadas, sobre todo paramilitares y del crimen organizado, se posicionan como fuerzas de control social y, \u00bfadivinen qu\u00e9?, cumplen el mismo rol del paramilitarismo de la d\u00e9cada del 2000: impactan sobre liderazgos y determinan todas las din\u00e1micas sociales donde tienen asiento.<\/p>\n
Esto no es fortuito, el Caribe es una regi\u00f3n estrat\u00e9gica por su posici\u00f3n geogr\u00e1fica y por contar con ocho de los diez puertos principales del pa\u00eds, sin mencionar la conexi\u00f3n vial con el resto del pa\u00eds; es el centro de desarrollo de proyectos e\u00f3licos (extractivismo verde); sigue siendo un territorio privilegiado por sus cuerpos de agua, fundamentales para la industria y la agricultura, para la energ\u00eda y el transporte, adem\u00e1s para el turismo.<\/p>\n
El avance del paramilitarismo en esta regi\u00f3n hace que los procesos sociales, los liderazgos comunales, ambientales y de derechos humanos se autocensuren, desplacen o mermen en su rol de contralor\u00eda alternativa y popular, lo que deja el camino despejado para que las condiciones de desigualdad y miseria se perpet\u00faen, para que la explotaci\u00f3n y extracci\u00f3n de recursos se mantenga invariable y sin ning\u00fan tipo de resistencia.<\/p>\n
Hoy, el crimen organizado y el paramilitarismo instalado en las principales ciudades del Caribe son afines al establecimiento, a la \u00e9lite econ\u00f3mica, la pol\u00edtica local y regional, no porque p\u00fablicamente hayan firmado un pacto, sino porque resguardan sus intereses \u00bfO acaso ellos y sus inversiones han sido afectadas por esta violencia?<\/p>\n
Se han visto afectadas m\u00e1s bien las redes de econom\u00eda popular, los precarizados trabajadores informales, tenderos y peque\u00f1os comercios porque deben tributar s\u00ed o s\u00ed a estas organizaciones criminales o irse del territorio.<\/p>\n
Otro elemento que llama a la reflexi\u00f3n es la permisividad, inoperancia, ineptitud y corrupci\u00f3n de gobiernos y fuerza p\u00fablica. Desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, distintos informes de organizaciones de derechos humanos y reportajes independientes vienen advirtiendo sobre el crecimiento del crimen y el paramilitarismo en las principales ciudades caribe\u00f1as.<\/p>\n
Con el avance t\u00e9cnico y militar que tuvo la fuerza p\u00fablica colombiana durante los primeros a\u00f1os de implementaci\u00f3n del Plan Colombia, sobre todo durante el per\u00edodo de Uribe, es imposible que no sepan c\u00f3mo operan, cu\u00e1les son sus esquemas financieros, ni c\u00f3mo desarticularlos.<\/p>\n
Esto se complejiza porque, adem\u00e1s, el paramilitarismo forma parte de la doctrina militar del Estado colombiano y esto no ha cambiado. Sigue intacto a pesar de los esfuerzos del Gobierno por entablar negociaciones de paz con las AGC o con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, o de la p\u00fablica y expresa oposici\u00f3n del presidente Petro al paramilitarismo.<\/p>\n
Seguridad binacional<\/strong><\/p>\nFrente a este tema, un \u00faltimo elemento queremos mencionar y tiene que ver con la militarizaci\u00f3n de todo el corredor fronterizo norte que colinda con Venezuela. Para nadie es un secreto que las AGC se han venido corriendo desde el Sur de Bol\u00edvar hacia el Magdalena Medio y no precisamente para controlar los corredores de drogas, como se\u00f1alan algunos analistas.<\/p>\n
Tanto las AGC como los Conquistadores se disputan rutas \u2014o tienen planes para expandirse\u2014 en los territorios de la Sierra Nevada, Troncal del Caribe, Riohacha, Maicao, Sur de la Guajira y Alta Guajira. En esta din\u00e1mica entran en juego las denominadas disidencias de las FARC, de quienes se registran actividades en territorios de la Serran\u00eda del Perij\u00e1 y sur de La Guajira.<\/p>\n
A esto debemos sumarle la intenci\u00f3n del presidente Petro de acordar un plan binacional de seguridad con el presidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro, con el objetivo de combatir y erradicar a las agrupaciones armadas, pero con \u00e9nfasis hacia el ELN.<\/p>\n
Aunque sea poco probable que Venezuela ponga en riesgo su soberan\u00eda por las consecuencias que traer\u00eda acordar un plan de seguridad binacional con un pa\u00eds que sigue siendo anexo militar de Estados Unidos, preocupa la insistencia del Gobierno Petro por el contexto de lo que signific\u00f3 el Plan Colombia.<\/p>\n
Desde la d\u00e9cada de 1990 es parte de la estrategia imperial de Estados Unidos dominar a Venezuela a trav\u00e9s de Colombia. Pero no todas las apuestas del Plan Colombia se cumplieron a cabalidad. A pesar de las distintas operaciones y conspiraciones planificadas desde Colombia contra Venezuela desde principios de la d\u00e9cada del 2000 hasta hoy, nuestro hermano pa\u00eds sigue defendiendo su modelo bolivariano y desmontando planes de todo tipo.<\/p>\n
Digamos que estamos ante una nueva fase de la guerra con miras a desestabilizar el occidente venezolano y al Gobierno de Maduro. La guerra proxy en el norte de Colombia, guerra difusa, m\u00faltiple o como quieran llamarla, tambi\u00e9n tiene el ojo puesto sobre Venezuela.<\/p>\n
Energ\u00eda en suspenso<\/strong><\/p>\nEl servicio el\u00e9ctrico en el Caribe sigue siendo un tema complejo y de gran impacto para la regi\u00f3n: por la intervenci\u00f3n de AIR-e, las altas tarifas de energ\u00eda, la deficiencia inocultable del servicio, el malestar general de la ciudadan\u00eda (aunque no ha protestado con la intensidad de 2024), la presi\u00f3n\/chantaje de Afinia (respaldada por varios gremios) para que el Gobierno pague el subsidio destinado a los estratos m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
A pesar de los varios anuncios del ejecutivo, la tarifa de energ\u00eda sigue siendo la m\u00e1s alta del pa\u00eds y hasta hoy no se presenta una soluci\u00f3n, plan o agenda clara que nos permita afirmar que en determinado tiempo las tarifas se equilibrar\u00e1n.<\/p>\n
Varios factores inciden. En primer lugar, el modelo de servicio de energ\u00eda colombiano que, a pesar de estar regulado y normatizado por el Estado, es manejado en su gran mayor\u00eda por el sector privado en las \u00e1reas de generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, distribuci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y operaci\u00f3n.<\/p>\n
Es decir, un derecho b\u00e1sico es tratado como negocio en todas sus fases, el Estado en teor\u00eda funciona como regulador (en la pr\u00e1ctica mandan los intereses de las empresas que manejan el sector). Esta es la principal traba que encuentra el Gobierno a la hora de intentar implementar medidas o de utilizar las normas y leyes existentes para reducir las tarifas del servicio el\u00e9ctrico.<\/p>\n
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<\/p>\n
La ley de reforma de servicios p\u00fablicos se presenta como un instrumento importante para revertir esta realidad, entre sus apuestas tenemos la justicia tarifaria, la universalizaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio, los usuarios como el centro de la regulaci\u00f3n, el fortalecimiento institucional y gobernanza en materia de servicios, la focalizaci\u00f3n de subsidios y la participaci\u00f3n comunitaria en la prestaci\u00f3n del servicio.\u200b<\/p>\n
Por desgracia, corre la misma suerte que la reforma de salud o la reforma laboral. Las empresas mueven su lobby y los congresistas obedecen.<\/p>\n
Lo segundo es que desde todos los frentes, y en consonancia con la mayor\u00eda de los actores pol\u00edticos tradicionales y gobernadores de la regi\u00f3n, atacan cualquier intento del Gobierno por ordenar el servicio y frenar el saqueo a los bolsillos de los usuarios.<\/p>\n
Uno de los ataques m\u00e1s frecuentes este a\u00f1o ha sido la amenaza por parte de Afinia con suspender definitivamente el servicio si el Gobierno no les cancela la deuda por los subsidios a los estratos 1 y 2. Y en esta campa\u00f1a est\u00e1n participando activamente gremios y pol\u00edticos de la regi\u00f3n.<\/p>\n
La propuesta de creaci\u00f3n de una empresa p\u00fablica regional de car\u00e1cter social con capital del Estado, que sirva de transici\u00f3n para superar la crisis y reemplazar a los operadores privados, queda en la esperanza de la gente, m\u00e1s no en los planes del Gobierno.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de Air-e, despu\u00e9s de seis meses y con tres agentes nombrados, no ha resuelto la angustiosa situaci\u00f3n de la energ\u00eda en el Caribe. A cada intento, una traba. Lo m\u00e1s que ha podido hacer Petro es sobre diagnosticar la situaci\u00f3n y movilizar a la gente para protestar contra las operadoras, como lo hizo a finales de enero.<\/p>\n
Peajes, otro dolor de cabeza<\/strong><\/p>\nLas protestas en el Caribe colombiano relacionadas con los peajes han sido numerosas y recurrentes. Por ejemplo, en el Atl\u00e1ntico, comunidades como Sabanagrande, Santo Tom\u00e1s y Palmar de Varela han liderado manifestaciones contra las tarifas de los peajes, exigiendo la suspensi\u00f3n definitiva del cobro.<\/p>\n
En Sucre, los habitantes de Corozal bloquearon v\u00edas para impedir la continuidad operativa del peaje Las Flores, argumentando que las obras no beneficiaron a la regi\u00f3n.<\/p>\n
La prensa y el sector privado se\u00f1alan que los bloqueos y protestas en estaciones de peaje como Turbaco, Sabanagrande y Galapa impactaron econ\u00f3micamente los proyectos de infraestructura, pero no dicen que hasta hoy la soluci\u00f3n que ha utilizado el gobierno es subsidiar el no cobro de los peajes y que los operadores se benefician igualmente.<\/p>\n
Con el tema de los peajes sucede algo similar al caso del servicio el\u00e9ctrico. El modelo de producci\u00f3n y explotaci\u00f3n es el mismo: en teor\u00eda el Estado regula y el sector privado se llena el bolsillo con la construcci\u00f3n y mantenimiento de carreteras y v\u00edas.<\/p>\n
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<\/p>\n
Otro punto clave en este tema es que el derecho a la movilidad y la consulta previa han sido vulnerados por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, y de esto es consciente buena parte de las comunidades que encabezan las protestas en torno a los peajes. Lo que hace que sea una de las manifestaciones sociales con mayor capacidad de movilizaci\u00f3n y\/o impacto en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Queda en evidencia que el modelo pol\u00edtico y econ\u00f3mico implementado en la d\u00e9cada de 1990 est\u00e1 por encima de los intereses de la gente. Y ese es el debate que se debe dar para lograr superar la inequidad y la deficiencia en la prestaci\u00f3n de los servicios de agua, aseo, energ\u00eda y en la administraci\u00f3n de la vialidad en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Recuperaci\u00f3n de tierras<\/strong><\/p>\nLos procesos de recuperaci\u00f3n de tierras en el departamento de Cesar han estado marcados por algunos avances significativos, pero tambi\u00e9n por trabas legales y persecuci\u00f3n a los campesinos y procesos por parte de FEDEGAN y la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
A finales de 2024, la Agencia Nacional de Tierras entreg\u00f3 7.500 hect\u00e1reas a organizaciones campesinas en municipios como Aguachica, Astrea, Gamarra, La Gloria, San Mart\u00edn y Valledupar.<\/p>\n
Estas tierras beneficiaron a 739 familias, incluyendo v\u00edctimas de desplazamientos forzados y violencia paramilitar. Ejemplos emblem\u00e1ticos incluyen el predio \u201cLa Am\u00e9rica\u201d, que pas\u00f3 de ser un centro de actividades il\u00edcitas a un espacio para la reforma agraria.<\/p>\n
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<\/p>\n
Lo anterior significa un avance. Sin embargo, durante el primer trimestre del a\u00f1o, sobre todo marzo, la recuperaci\u00f3n de tierras en el departamento ha tomado un giro violento por la campa\u00f1a de desprestigio, persecuci\u00f3n y estigmatizaci\u00f3n que FEDEGAN emprendi\u00f3 en el sur y norte de Cesar. Esta estrategia cuenta con el respaldo incondicional de su principal medio de comunicaci\u00f3n, Contexto Ganadero, as\u00ed como de otros medios\u2026 y con la complacencia de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
La campa\u00f1a busca desacreditar y deslegitimar la lucha por la recuperaci\u00f3n de tierras en el departamento y el resto del pa\u00eds. Tambi\u00e9n encubre el hecho de que las llamadas Brigadas Solidarias Ganaderas, con el apoyo expl\u00edcito de la Polic\u00eda Nacional, se han convertido en un instrumento de intimidaci\u00f3n y agresi\u00f3n contra los campesinos. Un ejemplo reciente de esto ocurri\u00f3 en las fincas Las Carmelas y Siete Plagas, en Codazzi, donde estas brigadas atacaron a las comunidades locales.<\/p>\n
El presidente de Fedegan y principal portavoz de esta campa\u00f1a, Jos\u00e9 F\u00e9lix Lafaurie, afirm\u00f3 en un art\u00edculo publicado por Contexto Ganadero que \u201clas Guardias Campesinas, bajo una apariencia pac\u00edfica, son en realidad organizaciones uniformadas, entrenadas e ideologizadas, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestros de miembros de la Fuerza P\u00fablica\u201d. Incluso insinu\u00f3 v\u00ednculos con organizaciones guerrilleras.<\/p>\n
Lafaurie tambi\u00e9n sostiene que el Gobierno ha otorgado excesivo poder y concesiones al campesinado. Sin embargo, la \u00fanica concesi\u00f3n evidente parece ser la autorizaci\u00f3n a Fedegan para desplegar, con apoyo de la Polic\u00eda Nacional, las Brigadas Solidarias Ganaderas.<\/p>\n
A pesar de la condena en\u00e9rgica de febrero de 2024, en la que el ex ministro de la defensa, Iv\u00e1n Vel\u00e1squez, par\u00f3 en seco a Jos\u00e9 F\u00e9lix Lauferie, las Brigadas Ganaderas siguen actuando como una fuerza para estatal y esto no lo dice FEDEGAN.<\/p>\n
Se intenta presentar a estas brigadas como entidades altruistas que contribuyen al orden en los territorios y colaboran con las autoridades. No obstante, desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o se ha advertido que su creaci\u00f3n podr\u00eda derivar en nuevas formas de paramilitarismo, como ocurri\u00f3 en la d\u00e9cada de 1990, cuando sectores ganaderos apoyaron y participaron en las AUC bajo el pretexto de combatir a las guerrillas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n destaca la movilizaci\u00f3n y protestas en el Cesar de las comunidades campesinas organizadas en la Comisi\u00f3n por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.<\/p>\n
Desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, el Ministerio del Interior no convocaba la Mesa de Interlocuci\u00f3n Regional, pactada desde 2022 con la Comisi\u00f3n, para encontrar soluciones a las demandas sobre el acceso y uso de la tierra o la protecci\u00f3n de los liderazgos.<\/p>\n
Para cerrar, no se puede pasar por alto un caso que signific\u00f3 un duro golpe al proceso de recuperaci\u00f3n de tierras: la revictimizaci\u00f3n de los reclamantes de la hacienda Bellacruz agrupadas en la Asociaci\u00f3n de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), que recibieron el predio por parte del Gobierno en un acto p\u00fablico liderado por el presidente Petro en noviembre pasado.<\/p>\n
En marzo fueron notificados que deb\u00edan abandonar el predio tras una decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda porque la Agencia Nacional de Tierras no formaliz\u00f3 la propiedad de los campesinos. Este rev\u00e9s se presenta como uno de los casos de ineficiencia, ineptitud y traba burocr\u00e1tica m\u00e1s importantes de los \u00faltimos a\u00f1os, que deja mal parada a las autoridades agrarias del Gobierno Petro.<\/p>\n
En resumen, aunque los procesos de recuperaci\u00f3n de tierras en Cesar han logrado avances importantes, las organizaciones campesinas enfrentan una lucha constante contra la burocracia estatal y la \u00e9lite ganadera del departamento.<\/p>\n
Violencia contra la mujer<\/strong><\/p>\nUn art\u00edculo publicado por El Tiempo a finales de enero destac\u00f3 un grave panorama de violencia de g\u00e9nero en el departamento del Atl\u00e1ntico. Seg\u00fan datos de la Polic\u00eda departamental, 540 mujeres viv\u00edan bajo medidas de protecci\u00f3n debido a agresiones f\u00edsicas perpetradas por sus parejas o incluso figuras paternas.<\/p>\n
El Sistema M\u00e9dico Legal Colombiano report\u00f3 un total de 4.999 casos de violencia de g\u00e9nero en 2024 en los departamentos de Atl\u00e1ntico, Magdalena, Bol\u00edvar, Sucre, La Guajira y San Andr\u00e9s y Providencia. De estos, 1.858 ocurrieron en el Atl\u00e1ntico, representando un 37,17 % del total en la regi\u00f3n. Barranquilla destac\u00f3 con 1.101 casos, que equivalen al 59,26 % del total departamental.<\/p>\n
En el Cesar, la situaci\u00f3n tambi\u00e9n es alarmante. Hasta octubre de 2024, se documentaron 483 casos de violencia sexual contra mujeres, de los cuales m\u00e1s del 70 % involucraron a menores entre los 6 y 17 a\u00f1os, seg\u00fan cifras del Instituto Nacional de Salud (INS). Este contexto llev\u00f3 a la Asamblea Departamental a aprobar la proposici\u00f3n 38, convocando un debate de control con instituciones y autoridades locales.<\/p>\n
Ambos departamentos comparten una preocupante falta de pol\u00edticas p\u00fablicas efectivas para prevenir la violencia de g\u00e9nero. Tambi\u00e9n enfrentan serias deficiencias en cuanto a infraestructura, servicios, equipos o rutas de atenci\u00f3n para prevenir la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
\u00bfAdi\u00f3s al carb\u00f3n?<\/strong><\/p>\nLa empresa minera Cerrej\u00f3n, propiedad de Glencore, reducir\u00e1 su producci\u00f3n anual de carb\u00f3n en un 50 %, pasando de 19 millones de toneladas en 2024 a un m\u00e1ximo de 10 millones. Esta decisi\u00f3n responde a factores econ\u00f3micos, sociales y pol\u00edticos, y tendr\u00e1 un impacto significativo en la econom\u00eda de La Guajira, donde la miner\u00eda representa casi la mitad del PIB.<\/p>\n
Estas son las razones que expone la multinacional:<\/p>\n
\n- Precios insostenibles del carb\u00f3n t\u00e9rmico en mercados asi\u00e1ticos y reducci\u00f3n de la demanda en Europa.<\/strong><\/li>\n
- Incremento de bloqueos en la producci\u00f3n (333 en 2024 frente a 60 en 2021) y ataques con explosivos a la infraestructura.<\/li>\n
- Restricciones impuestas por el Gobierno colombiano, como la prohibici\u00f3n de exportar carb\u00f3n a Israel en 2024.<\/li>\n<\/ul>\n
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<\/p>\n
Esto representar\u00e1 una reducci\u00f3n de ingresos para La Guajira, donde la miner\u00eda represent\u00f3 el 45,7 % del PIB en 2023. Pero tambi\u00e9n un impacto a la lucha sindical que los trabajadores de Cerrej\u00f3n han venido sosteniendo los \u00faltimos a\u00f1os para defender los intereses laborales y desmontar la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n sindical ejecutada por la transnacional.<\/p>\n
No se debe pasar por alto que en agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro, en reuni\u00f3n con el presidente de la Confederaci\u00f3n Suiza Alain Berset, de visita en Colombia, mencion\u00f3 la posibilidad de dar \u201csalida concertada\u201d entre Suiza, Colombia y Glencore, con relaci\u00f3n a la operaci\u00f3n de El Cerrej\u00f3n, as\u00ed como una limitaci\u00f3n de la expansi\u00f3n de su actividad.<\/p>\n
Este balance presentado por la propia transnacional se debe analizar en el marco de otro caso de impacto en el Cesar: la salida de Prodeco y la crisis econ\u00f3mica que esto est\u00e1 provocando.<\/p>\n
En ambos casos, tanto trabajadores como comunidades demandan que las transnacionales cumplan con los pasivos ambientales y sociales acumulados durante m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, con condenas judiciales como la emitida contra Prodeco o contra el Cerrej\u00f3n por el caso del arroyo Bruno.<\/p>\n
Sectores ambientales, sindicales y sociales trabajan en funci\u00f3n de un objetivo prioritario: construir una transici\u00f3n energ\u00e9tica para convertir los corredores mineros de Cesar y La Guajira en centros para la reproducci\u00f3n de la vida y la producci\u00f3n de alimentos, algo en lo que el Gobierno se comprometi\u00f3, pero no avanz\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del discurso de transici\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p>\n
Tampoco han avanzado las propuestas de construir corredores tur\u00edsticos tanto en La Guajira como en el Cesar, como alternativa a la econom\u00eda extractivista que socav\u00f3 la vocaci\u00f3n agr\u00edcola del territorio.<\/p>\n
Dos elementos finales que se deben considerar. La magnitud y poder que las comunidades de La Guajira han ganado frente a la transnacional que opera el Cerrej\u00f3n. Fueron 333 bloqueos registrados durante 2024 para demandar desde mejoras viales, atenci\u00f3n social y de salud, hasta cumplimiento de acuerdos varios pactados por la minera con las comunidades. Las comunidades que han participado en estos bloqueos est\u00e1n conscientes que Cerrej\u00f3n no solo desplaz\u00f3 a comunidades ind\u00edgenas y afro del territorio, sino que acab\u00f3 con el r\u00edo Rancher\u00eda, impact\u00f3 en la espiritualidad del pueblo wayuu y condicion\u00f3 la movilidad de territorios ancestrales.<\/p>\n
El otro elemento es que los planes del Gobierno en torno a la transici\u00f3n energ\u00e9tica en La Guajira chocaron con la realidad: proyectos e\u00f3licos paralizados por el incumplimiento de las consultas previas. Adem\u00e1s, una especie de saboteo que opera desde las mineras del carb\u00f3n: como ya saquearon el Cesar y La Guajira y en el mercado internacional no es rentable seguir explotando este mineral, entonces anuncian salidas inminentes.<\/p>\n
Esto, en lo inmediato, impactar\u00e1 las finanzas p\u00fablicas y deteriorar\u00e1 la imagen del Gobierno, ya que la opini\u00f3n p\u00fablica volcar\u00e1 toda la responsabilidad al presidente Petro sin poner en la balanza el estruendoso saqueo y el ecocidio perpetrado por las transnacionales.<\/p>\n
<\/p>\n
Fuente: Huele a azufre<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La regi\u00f3n Caribe de Colombia contin\u00faa enfrentando una serie de conflictividades que, aunque presentan ciertas variaciones, mantienen patrones similares a los observados en a\u00f1os anteriores. Como analizamos en julio de 2024, es un acumulado de problem\u00e1ticas que va mostrando una realidad compleja e incierta. Las din\u00e1micas de expansi\u00f3n de grupos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2799,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,5],"tags":[17,866,323],"class_list":["post-2798","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-huele-a-azufre","category-nuestra-america","tag-colombia","tag-macondo","tag-petro"],"yoast_head":"\n
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